La suplantación Maestra

Al final del sexenio peñista había un cúmulo de escándalos que amenazaban la permanencia del PRI en Los Pinos: a las revelaciones por la Casa Blanca de Angélica Peña siguieron la divulgación del caso Tlatlaya y los infaustos sucesos en Iguala, que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Esos escándalos afectarían indefectiblemente a los procesos electorales. En el 2015 se resintieron sus primeros efectos y al año siguiente, con la revelación de los audios que vinculaban a exfuncionarios mexiquenses con directivos de la constructora española OHL, ya se atisbaban otros funestos derroteros.

La Auditoría Superior de la Federación ya investigaba la subcontratación de servicios —al amparo del artículo 1 de la Ley Adquisiciones— que coloquialmente se denominó la Estafa Maestra. El peñismo pronto definiría a su candidato presidencial y esas revelaciones impactaron las aspiraciones del grupo que impulsaba al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El combate a la corrupción sería uno de los drivers de la elección presidencial del 2018 y las denuncias contra Rosario Robles Berlanga y sus principales colaboradores fueron radicadas ante la Función Pública y la extinta PGR.

La #OperaciónEntregables fue la investigación periodística que visibilizó la simulación de procesos administrativos para solventar las observaciones formuladas por los auditores al gasto irregular de al menos 7,700 millones de pesos entre 2010 y 2017 en la extinta Sedesol y Sedatu.

Entre octubre de 2015 y diciembre de 2016, la ASF interpuso seis denuncias penales por convenios firmados entre funcionarios de Desarrollo Social y siete universidades, además del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo. Al final del sexenio peñista fueron denunciados 16 colaboradores de Robles Berlanga que tuvieron cargos en ambas dependencias y firmaron convenios por 3,258 millones con universidades y organismos de comunicación entre 2013 y 2016.

Entre los implicados, solo el exsubsecretario de Ordenamiento Territorial, Enrique González Tiburcio, y su subordinado, Armando Saldaña Flores, acudieron a la PGR para denunciar la falsificación de sus firmas. Primero —en julio del 2017— ante el Órgano Interno de Control de Sedatu y posteriormente ante la PGR.

Las rúbricas de ambos aparecían en el convenio suscrito con la Universidad Politécnica ubicada en Francisco I. Madero (El Mexe), Hidalgo, por 185 millones de pesos.

De denunciantes a imputados, ambos funcionarios tuvieron que comparecer ante el juez de control que lleva la causa contra Rosario Robles. Ahora se sabe que Saldaña Flores, quien fue director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo busca acogerse a un criterio de oportunidad, que podría significar el retiro de la acción penal.

Según el testimonio de Saldaña, el 5 de junio de 2017 le informó a la entonces titular de la Sedatu que su firma había sido falsificada en un convenio mediante el que se transfirieron 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, de Hidalgo.

Desde entonces y hasta el 5 de noviembre de 2018, asegura que le insistió para que interviniera, pues tanto la Oficialía Mayor como el Órgano Interno de Control (OIC) no reportaban avances en sus pesquisas, no obstante que él presentó y amplió una denuncia.

“Ok, yo lo veo entonces con Emilio Zebadúa (el Oficial Mayor)”, le respondió Robles unos días antes de que concluyera el sexenio, sin que se aclarara a nivel administrativo quiénes eran los responsables de la falsificación de documentos.

En cuestión, el convenio específico SEDATU/DGSAPADN-UPFIM/33901.03 del 2 de febrero de 2016, que comprometía hasta 224 millones de pesos a esa institución pública en pago a servicios que a su vez subrogó con particulares, entre ellas Contabilidad y Soluciones INNER, firma cuya socia mayoritaria tampoco reconoció la firma contenida en ese documento.

González Tiburcio ni siquiera tenía copia de ese convenio, autorizado por el exdirector de Programación y Presupuesto de la Sedatu, Francisco Javier Báez Álvarez. A través de una solicitud de información que inicialmente fue declarada inexistente, pudo conseguirlo y posteriormente acreditar que su firma fue falsificada.

El exsubsecretario y Saldaña Flores fueron acusados por uso indebido de atribuciones y facultades; sin embargo, un dictamen pericial de la propia Fiscalía concluye que la firma plasmada en ese documento no es de su autoría.

Saldaña Flores acompañó a Rosario Robles todo el sexenio peñista. Primero, en la extinta Sedesol, como director general adjunto de Operación de Programas, fue uno de los principales instrumentadores de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y a partir del 2016, en Sedatu, asumió la dirección general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo.

A diferencia de los colaboradores de Zebadúa y Sosamontes —los principales operadores de Robles Berlanga—, el político poblano llegó a ese equipo gracias a Mariana Moguel. Empresario, cercano al exgobernador Mario Marín, Saldaña Flores compitió en el 2010 por la alcaldía de Atlixco en representación de la coalición Puebla Avanza, que conjuntó al PRI y al PVEM pero fue derrotado por el panista Ricardo Camacho Corripio.

Su ascenso como funcionario federal ocurrió de la mano del entonces subsecretario Juan Carlos Lastiri, quien entre 2009 y 2012 coincidió en la Cámara de Diputados con Francisco Ramos Montaño, exesposo de Moguel, y el empresario Ricardo Urzúa Rivera, también cercano al polémico ex mandatario oriental.

Efectos secundarios

DESPEDIDA. Luis Enrique Mercado nació en Jerez, Zacatecas y estudió periodismo en la Escuela Carlos Septién García. En la redacción de El Universal, primero, y después en una mesa radiofónica con Josefina Vázquez Mota y Herminio Rebollo, incursionó en el análisis económico hasta 1989, cuando encabezó —junto con Martín Casillas de Alba— el proyecto del que nació este periódico, que dirigió durante 15 años.

Ayer 28 de diciembre, falleció. A sus amigos, colaboradores, pero particularmente a sus hermanas Gema y Patricia, un abrazo solidario.

URGENCIAS. En 24 horas expira el plazo establecido por los magistrados electorales para que los partidos políticos informen al INE en dónde presentarán a siete mujeres a candidatas a gubernaturas y las ocho en las que presentarán a varones, para las contiendas por las 15 gubernaturas. Morena lleva la delantera, con la selección de Marina del Pilar Álvarez en Baja California; Layda Sansores, en Campeche; Índira Vizcaíno, en Colima; Clara Luz Flores, en Nuevo León, y Lorena Cuéllar, en Tlaxcala. En otras seis entidades ya definió a sus candidatos y quedan pendientes Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa. La paridad de género sería el pase automático para las senadoras Imelda Castro y Nestora Salgado, aunque la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, también cuenta con la fuerza para ser competitiva en los comicios.

@aguirre_alberto