La urgente necesidad de transformar la justicia penal

El debate sobre la reforma al Poder Judicial es impostergable. Hay que revisar cómo funciona el sistema de procuración de justicia, los jueces, los ministerios públicos y, sobre todo, la eficacia con la que el sistema atiende a la población.

En este contexto, en días pasados la asociación México Evalúa publicó su evaluación de la justicia penal de la Ciudad de México, un estudio que realiza anualmente, desde hace una década, en colaboración con dos prestigiadas agencias internacionales.[1]

El informe no tiene desperdicio, y los hallazgos son realmente alarmantes. En este espacio me remitiré tan sólo a algunos de ellos, pero ciertamente de cara al próximo gobierno de la Ciudad, gane quien gane, tiene una tarea monumental en esta materia.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el 9% de los delitos que suceden en el país, ocurren en la CDMX. De este porcentaje, el delito con mayor incidencia es la violencia familiar. En 2022, según las cifras del Secretariado, en nuestra capital hubo poco más de 37,000 delitos de esta naturaleza, 7% más que en 2021. Casi una tercera parte ocurren en dos alcaldías, Iztapalapa y Gustavo Madero, que suman cerca de 12,000 delitos de violencia familiar anualmente.

El reporte reconoce los avances desde que la doctora Sheinbaum publicó, en diciembre de 2019, el decreto de Alerta de Género de Violencia Contra las Mujeres (AVGM), que ha impulsado acciones como tipificar la violencia digital a través del paquete de reformas denominado Ley Olimpia, la Unidad Especializada en Género, y los programas “El agresor sale de casa”, “Transporte viajemos seguras”, “Senderos seguros” (camina libre, camina segura), “Abogadas de las mujeres”, entre otros.  Sin embargo, la impunidad de los crímenes en el hogar es absoluta.

Del bajísimo número de delitos de violencia familiar que se denuncia (la cifra negra en CDMX es del 92%), sólo en 11% de ellos hay personas adultas vinculadas a un proceso judicial. No sorprende, entonces, que los índices de confianza en jueces, ministerios públicos y fiscalía de la Ciudad sean tan bajos: 38 y 34%, respectivamente: 20 puntos más bajos que a nivel nacional; ni que la percepción de corrupción de los jueces sea del 81% y de 86% la de los ministerios públicos y fiscalías estatales.

“Los datos indican que el índice de impunidad de la Ciudad de México se encuentra por encima de la media nacional, con una tasa de impunidad del 99.1%, en comparación con la media nacional del 96.3. Esto significa que, en promedio, la Ciudad de México tiene un nivel de efectividad del 0.9 por ciento en la resolución de delitos”.[2]

El reporte hace una radiografía muy precisa y gráfica del viacrucis que es la “Tubería procesal penal de la Ciudad de México”, la cual claramente está tapada de chapopote. Para limpiarla, será necesaria una férrea voluntad política y tenacidad por parte de la próxima administración. Mejorar el sistema de procuración de justicia, para que le dé resultados a la ciudadanía, así como a las empresas establecidas en la CDMX, requiere de una batalla campal desde el Ejecutivo de la Ciudad, para romper las inercias siniestras que lo tienen capturado.

Una de esas inercias es la casi absoluta falta de información sobre lo que ocurre dentro del sistema. La “tubería” es una verdadera caja negra, a la que nadie —salvo los jueces que la tienen secuestrada— tiene acceso.

El reporte concluye con nueve recomendaciones concretas para avanzar en la transformación del sistema penal de nuestra Ciudad. Por su complejidad, no es un tema que será materia de discusión durante el proceso electoral en curso. Se antoja difícil que Brugada, Chertorivski o Taboada, hagan de este tema una bandera electoral. Sin embargo, es urgente durante el periodo de transición se dé una estrecha colaboración entre academia, sociedad civil, asociaciones de abogados y quien haya ganado la elección, para definir una ruta concreta para solucionar este grave problema para la población de la Ciudad.

No hay sociedad, ni democracia, ni sistema económico, que pueda aspirar a niveles de bienestar y justicia sin un sistema penal eficaz. Y le recuerdo al lector, el crimen con mayor incidencia de nuestra ciudad ocurre en los hogares, la violencia familiar, que lastima a decenas de miles de mujeres, niñas y niños.

[1] Hallazgos desde lo local 2022, 10 Años. Evaluación de la justicia penal en Ciudad de México. México Evalúa, USAID y Frederich Naumann Foundation.

[2] Ibid, p.14