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La venganza presupuestal contra el Poder Judicial
Mientras más altaneros e intolerantes se muestren los subordinados del presidente Andrés Manuel López Obrador, mejor premio reciben. Eso sí, tienen que repetir fuerte y claro todo lo que su líder dicta cada mañana desde Palacio Nacional.
Por eso, lo que diga el diputado Mier de Morena no tiene mayor trascendencia, más allá de conocer cuál es la instrucción presidencial respecto al tratamiento que hará su mayoría en el Congreso con el presupuesto del Poder Judicial Federal.
Ya recibirá en pocos días su premio este diputado que dice que va a citar a comparecer ¡a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación! No es la precisión de lo que digan, es la estridencia lo que cuenta.
A una semana de conocer el Paquete Económico para el 2024, hay que encender las alertas en dos partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
La primera, son los recursos que finalmente se asignen al Instituto Nacional Electoral. Se nota más alienado al INE, pero menos dinero es menos control electoral.
Y el segundo, el presupuesto que se asigne al Poder Judicial Federal.
Por supuesto que todo el Paquete Económico genera expectativas. Los Criterios Económicos de los cuales partirá este gobierno, crecimiento económico, inflación, tipo de cambio, precio del petróleo, en fin, todo aquello que les permitirá hacer sus cálculos.
Sin esperar una Miscelánea Fiscal que pudiera sorprender a los contribuyentes, la distribución del gasto será crucial para entender el camino de la prioridad presidencial de ganar las elecciones.
Lo que la Secretaría de Hacienda presente al Congreso la próxima semana es la voluntad presidencial que habrá de aprobarse sin mover una sola coma. Sólo puede haber algún juego perverso para que sean los diputados y no el ejecutivo el que meta la tijera vengativa en el presupuesto del poder judicial.
Porque es justamente en el presupuesto donde López Obrador puede ajustar cuentas con aquellos que no se alinean a sus dictados y en la parte alta de la lista está el Poder Judicial.
Ya el año pasado, al poder judicial le recortaron 1,425 millones de pesos de su solicitud presupuestal con el uso de esos jueguitos de propaganda del dispendio y los fondos de retiro.
Las mismas líneas discursivas huecas que usa el régimen para justificar que este año van por un recorte mucho mayor.
El presupuesto del Poder Judicial contempla los recursos destinados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tres organismos de ese poder autónomo ampliamente atacados por el presidente López Obrador.
La solicitud del Poder Judicial para el año fiscal 2024 es un presupuesto de 84,792 millones de pesos, que es 4% superior en términos reales al del año en curso, lo que claramente desarticula el argumento de un abuso por parte de los ministros.
Todo tiene que ver con la necesidad presidencial de alinear todo el poder bajo su control y las evidencias de que una mayoría de ministros de la Suprema Corte no está a sus órdenes.
La forma que tiene López Obrador de controlar, o al menos de cobrar venganza, es con el presupuesto y la discusión que inicia la próxima semana es su última oportunidad.
