Las cifras no dan, necesitamos una reforma fiscal

La semana pasada escribí sobre la apremiante necesidad de una reforma fiscal en la próxima administración, probablemente en el 2025. Aunque el gobierno saliente y el equipo de la candidata puntera en las encuestas afirman lo contrario, la necesidad de esta reforma es cada vez más evidente y las opciones son limitadas.

El lunes, el secretario de Hacienda afirmó en una reunión en Washington que el déficit de este año, 5.9% del PIB en los Requerimientos Financieros del Sector Público, será transitorio y que solo se debe a la inversión para terminar los proyectos insignia, por lo que la próxima administración no tiene de qué preocuparse y que no necesitaremos reforma fiscal.

Ojalá fuera el caso, pero las cifras no dan. Un recorte de 2.9% del PIB, como lo plantean los Pre-Criterios de Política Económica 2025, es el equivalente a aproximadamente a 580,000 millones de pesos, unos 35,000 millones de dólares. El presupuesto reportado para este año en estos proyectos insignia —Dos Bocas, Tren Maya e Interoceánico— a lo mucho llegará a los 10,000 millones.

La expectativa de una reducción de los costos del servicio de la deuda por la caída en las tasas de interés también debe ser revalorada. Los datos de inflación de la semana pasada en EU han recortado los pronósticos de reducciones de la Fed a una este año y a una relajación de la política monetaria más gradual que hace unos meses. A menos que Banxico quiera desacoplar su política monetaria de la de EU, parece improbable que esta reducción afecte el costo de la deuda en 2025.

La realidad es que va a haber un boquete de por lo menos 1.5 puntos del PIB que habrá que llenar a menos que se quiera empezar a reducir el gasto en educación o salud. A eso habrá que sumarle las inversiones importantes que necesita el país en infraestructura y energía.

Como escribía la semana pasada, hasta ahora las dos opciones sobre la mesa son el predial y el IVA a alimentos y bebidas, sin régimen especial en la frontera.

Algunos lectores me comentaron sobre la posibilidad de impuestos a fortunas y herencias, como sugieren Piketty y otros. Aunque hay argumentos legítimos en contra, como la doble tributación, estos impuestos son deseables para promover la igualdad de oportunidades y tienen externalidades positivas, como el fomento a la filantropía. A pesar de esto, su alcance fiscal es limitado. La complejidad de cobrar impuestos a grandes fortunas, cuyos activos están en acciones que no necesariamente están en México y sujetos a entramados legales, limita el potencial recaudatorio. Además, las personas de altos ingresos cuyos principales activos están en propiedades, ya son gravados con el predial y el traslado de dominio en las sucesiones.

Sobre el predial, es algo que hay que hacer, pero tampoco es la bala de plata. A lo mucho, llegará a un punto del PIB incremental y eso implica negociaciones políticas complejas. No está claro que los municipios más ricos y grandes del país, que ya cobran predial y han invertido en la modernización de sus catastros, estén listos para entregar los recursos a la federación y redistribuirlos a municipios y entidades más pobres.

En el fondo, como hemos sabido hace tiempo, la única solución realista es el IVA a alimentos y medicinas sin excepciones en la frontera. Eso cuesta, por lo menos, 15 puntos de popularidad al presidente que sea. Sin la posibilidad de la promesa de salud universal a cambio, porque el presidente dijo que ya tenemos, será un golpe muy duro para quien sea que despache en Palacio Nacional.