Las leyes como determinantes sociales de la salud

“El marco legal es el esqueleto sobre el cual se construye la salud de una nación” Anónimo

Durante el sexenio del presidente López Obrador, se modificó el artículo cuarto constitucional para garantizar un acceso efectivo a la salud, en aparente complemento al derecho a la protección de la salud que se estableció en 1983 bajo el gobierno del presidente Miguel de la Madrid. Antes de que concluya septiembre, se pretende incorporar otra modificación con el mismo objetivo.

La Ley General de Salud ha sido modificada en este periodo sexenal en veinticinco ocasiones, siendo la última el pasado siete de junio. Además, muchas otras leyes han sido ajustadas con la intención de fortalecer uno de los derechos humanos esenciales.

En columnas anteriores hemos discutido los determinantes de la salud, incluyendo factores económicos, políticos, sociales y culturales. También hemos reflexionado sobre los determinantes digitales, como la telemedicina, telesalud, el expediente clínico y la receta médica electrónica.

Hoy quiero destacar la importancia de no subestimar el marco legal que estamos construyendo como nación. Las leyes, lejos de ser simples normas abstractas, ejercen una influencia directa y profunda en la salud de las poblaciones. En muchos sentidos, el entorno legal de un país puede ser tan determinante para la salud pública como el acceso a servicios médicos o el suministro de agua potable. Esta relación se hace evidente cuando consideramos cómo las leyes y las políticas públicas moldean las condiciones de vida, trabajo y acceso a servicios esenciales, que son fundamentales para el bienestar de cualquier sociedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los determinantes sociales de la salud como las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Estas condiciones son moldeadas por la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel global, nacional y local. En este contexto, el estado de derecho y la calidad del entorno legal son factores clave que determinan cómo se distribuyen estos recursos y, por lo tanto, cómo se determinan los resultados en salud. Un marco legal sólido y equitativo puede garantizar que las personas tengan acceso a servicios de salud esenciales, protegiendo al mismo tiempo a las poblaciones vulnerables de los efectos nocivos de la discriminación y la marginación.

Las leyes no solo estructuran los sistemas de salud, sino que también son instrumentos vitales para enfrentar desafíos específicos de salud pública. Por ejemplo, en la lucha contra las enfermedades no transmisibles, como el cáncer y las enfermedades cardíacas, las leyes que regulan la producción y venta de productos nocivos, como el tabaco y las bebidas azucaradas, son esenciales para reducir la incidencia de estas enfermedades. Del mismo modo, en el ámbito de las enfermedades infecciosas, un marco legal adecuado es crucial para controlar la calidad de los medicamentos y evitar la propagación de productos falsificados que pueden poner en peligro la vida de millones de personas.

Un aspecto crítico del entorno legal es su capacidad para promover y proteger los derechos humanos, un factor que está intrínsecamente vinculado con la salud. La discriminación en el acceso a los servicios de salud, ya sea por razones de género, raza, condición económica o estatus social, no solo es una violación de los derechos humanos, sino que también perpetúa las desigualdades en salud. En este sentido, las leyes y políticas que promueven la equidad en salud y garantizan el acceso universal a los servicios sanitarios son fundamentales para construir sociedades más justas y saludables.

Además, la participación de la sociedad civil en el desarrollo e implementación de leyes relacionadas con la salud es esencial para garantizar que estas leyes reflejen las necesidades y preocupaciones de la población. La transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de creación de políticas públicas son fundamentales para construir la confianza pública y asegurar que las decisiones políticas se tomen en el mejor interés de la salud de la población. Los sistemas de salud sostenibles y resilientes requieren no solo de un buen gobierno, sino también de una sociedad civil comprometida y empoderada, capaz de participar activamente en el proceso de toma de decisiones.

El acceso a la justicia es otro componente vital del entorno legal que impacta directamente en la salud. Las personas que enfrentan barreras para acceder a servicios de salud debido a su situación legal, como los encarcelados, migrantes o refugiados, a menudo son las más vulnerables a las violaciones de sus derechos. Un sistema legal que garantiza el acceso a la justicia para todos, sin importar su estatus legal o socioeconómico, es esencial para proteger la salud de estas poblaciones y garantizar que puedan acceder a los servicios que necesitan.

La historia reciente nos ofrece ejemplos claros de cómo el entorno legal puede ser determinante en la salud de las poblaciones. Un caso emblemático es el de Sudáfrica, citado por Oagile Bethuel Key Dingake, juez del Tribunal Superior de Botswana y del Tribunal Especial Residual de Sierra Leona, donde la movilización social y la acción legal lograron que millones de personas en África y en todo el mundo tuvieran acceso a medicamentos genéricos asequibles para el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, salvando innumerables vidas. Este ejemplo subraya la importancia de un entorno legal que no solo proteja, sino que también promueva activamente la salud pública.

En nuestro país, las reformas legales mencionadas al inicio han tenido un impacto limitado por dos razones fundamentales: la pérdida del papel rector del titular de la Secretaría de Salud y la ausencia de un presupuesto adecuado. Nuestro gobierno, en todos sus niveles, y la sociedad deben reconocer el papel crucial que juegan las leyes en la promoción de la salud pública y trabajar para fortalecer los marcos legales que aseguren el bienestar de todos los habitantes del país.

Sin un entorno legal adecuado, los esfuerzos por mejorar la salud pública serán siempre limitados, y las desigualdades en salud continuarán perpetuándose. Es hora de que las leyes se reconozcan como un pilar esencial en la construcción de sociedades más saludables y equitativas. Desde nuestra posición en la LXVI Legislatura y en esta columna, seguiremos haciendo el esfuerzo para que así sea. Nos leemos la próxima semana.

*El autor es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y es diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXV Legislatura.