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Las rutas del Inai
Es la última instancia, pero también un recurso infranqueable: el control de convencionalidad puede aplicarse, a juicio de la comisionada presidenta del Instituto para la Transparencia de Quintana Roo, Magda Eugenia de Jesús Lozano, a la reforma que eliminaría nueve órganos autónomos constitucionales del entramado institucional en México.
Ante el avance del “Plan C” de la Cuarta Transformación, el Pleno del Inai pugnaron por un “diálogo abierto”, pero olímpicamente fueron ignorados por los legisladores y los altos funcionarios del oficialismo. Un bloque de los comisionados de los órganos estatales han asumido que inevitablemente serán afectados por los cambios normativos y por eso están a favor de solicitar a organismos internacionales su opinión técnica sobre la reforma.
En su calidad de coordinadora de los 32 órganos locales en el Sistema Nacional de Transparencia, la funcionaria quintanarroense propuso a los integrantes del Inai replicar la ruta seguida por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, quienes denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los excesos de la iniciativa de reforma judicial promovida por la mayoría oficialista. Apenas la semana pasada, esa misma instancia promovió medidas cautelares ante el Departamento de Asuntos Políticos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Justo un mes después de la propuesta de Lozano, la comisionada, Norma Julieta del Río Venegas envió —por email— un recordatorio a sus colegas del Pleno. “Lo que acaba de pasar con el Poder Judicial es una muestra de que nos aplastarán más fácilmente. Si ustedes siguen pensando y siguen con la tibieza, no habrá mañana”.
Nada peor que la inacción. La coincidencia con su colega y amiga, Josefina Román Vergara, puso nuevamente en la mesa una solución de punto final: renunciar al Inai antes de que el Poder Legislativo decrete la desaparición de los órganos autónomos.
Dos integrantes del Pleno confirmaron a este espacio que Román Vergara —excomisionada del Infoem— planteó ante el Pleno del Inai esa opción. Blanca Lilia Ibarra está en el último tramo de su periodo, que expira en marzo del 2025 y a los otros dos comisionados, en el 2027.
“En la sinceridad: yo no necesito el cargo, es lo de menos”, planteó la funcionaria zacatecana, “sin embargo, piensen en las 800 familias (de los empleados del Inai) cuando menos”.
En la reunión con los comisionados estatales, hace un mes, Román Vergara —cuyo mandato como consejera del Inai expira en el 2026— ya había advertido sobre las probables afectaciones a la imagen internacional de México por la eliminación del Inai, que derivaría en el incumplimiento del convenio 108 del Consejo de Europa y su protocolo adicional, así como del sistema de reglas transfronterizas de privacidad bajo el T-MEC y del Acuerdo Global de Cooperación para la Observancia de la Privacidad, al que recientemente se adhirió.
Las diferencias de criterios en el SNT se extienden a otros ámbitos. La aprobación de los nuevos lineamientos para la Plataforma Nacional de Transparencia requirió de un arduo trabajo de cabildeo y correcciones de última hora. Y la elección de los nuevos coordinadores del Sistema también causó molestias y divisiones.
Efectos secundarios
CERCANÍAS. Mientras los integrantes del Pleno del Inai buscan abrir una vía de diálogo con la mayoría parlamentaria y la próxima administración federal para propugnar sobre utilidad social, los consejeros del InfoCDMX tienen una peculiar cercanía con la futura administración capitalina. Allí está, para mayor muestra, la comida para homenajear a la consejera jurídica entrante, Eréndira Cruzvillegas, de la que el presidente comisionado de ese órgano garante, Arístides Rodrigo Guerrero, fue generoso anfitrión.
