Los ministros de la SCJN deben comunicar

Ante los embates de la 4T, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben salir de su zona de confort a la opinión pública y a los medios para construir confianza, explicar y comunicar el sentido e implicaciones reales de sus sentencias para que la población las conozca y las entienda, porque la sociedad tiene derecho a saber y porque no confía en el Poder Judicial.

Los ministros que rechazan las iniciativas y proyectos del presidente López Obrador y de Morena están bajo el asedio de los seguidores de la Cuarta Transformación. Enojados y desesperados porque los proyectos legislativos, decretos y acuerdos de la 4T no pasan el más mínimo rigor legislativo y constitucional, quieren que entonces los ministros sean elegidos por voto popular. 

El manual del populista, que siguen al pie de la letra AMLO y sus seguidores, es muy didáctico y lo explica el analista Moisés Naim en su libro “La revancha de los poderosos”: “resulta fundamental controlar a los jueces”, “hay que apartar a los jueces y sustituirlos por compinches fieles al partido”. 

Los ataques más fuertes de la 4T contra los ministros “disidentes” provinieron inmediatamente después de que nueve de once ministros declararon inconstitucional la primera parte del Plan B electoral por violaciones graves al debido proceso legislativo y porque esas leyes no pasaron por un proceso de deliberación democrática en el Congreso de la Unión, que para eso es el parlamento: para hablar, para debatir las leyes y no para imponerlas. 

Los ministros han guardado silencio ante el griterío de los fanáticos de la 4T. El Ejecutivo ha utilizado la conferencia matutina como un arma de destrucción masiva contra la Corte, su actual presidenta (Norma Piña), los ministros, los jueces y el Poder Judicial en general, diciendo que todo está podrido. 

Los coristas de AMLO han hecho lo propio desde las cámaras de Diputados y Senadores, el club de gobernadores de Morena, la jefa de Gobierno de la CDMX, los amlovers en las redes sociales y los medios públicos propagandistas como el Canal Once y el Sistema Público de Radiodifusión.     

El Canal Once, que durante años construyó la reputación de televisora seria, en lugar de ser un medio público independiente, se sumó a los dictados del Presidente desde la mañanera y difundió en su pantalla y en redes sociales “los insultantes 40 privilegios de los ministros de la SCJN”. 

Ojalá fuera una investigación periodística original, cotidiana y la televisora del IPN revelara los privilegios de todos los funcionarios, no sólo de los adversarios de AMLO. Pero no, su director, Carlos Brito, siguió la consigna y campaña contra la SCJN, copiando -no indagando- la información de la mañanera. Sus contenidos en redes así lo confiesan: “Los mismos ministros y ministras que echaron abajo el Plan B electoral cuentan con una serie de privilegios”. 

Los ministros han permanecido expectantes y callados. Deben tener cuidado, porque como dice el dicho: “el que calla otorga”. Según el informe Latinobarómetro 2020, apenas 24% de los mexicanos tiene confianza en el Poder Judicial. La organización explica que “la debilidad de la justicia en la región es uno de los puntos más débiles de sus democracias”. Los ataques a los ministros y la Suprema Corte son peligrosos porque en América Latina el Poder Judicial sólo mejora en confianza al Congreso y los partidos, pero es superado por el gobierno, el Presidente y las Fuerzas Armadas. 

La sociedad observa y escucha la campaña en contra de la SCJN desde cuatro frentes: AMLO despotricando contra el Poder Judicial; los legisladores de Morena, porque su desaseado trabajo parlamentario se fue a la basura con las resoluciones de la Corte; desde los medios públicos, correas de transmisión y altavoces propagandistas del gobierno; y desde las redes sociales, donde fácilmente se viraliza cualquier asunto que provoca indignación como el salario o los privilegios de los ministros.   

Algunos ministros han comenzado a reaccionar. Alberto Pérez Dayán, declaró: “estamos fuertes, convencidos de lo que hacemos. Nada nos va a doblar”, en referencia a los ataques del gobierno. 

No se defiende acríticamente a los ministros, los jueces no son impolutos y el Poder Judicial sí es ineficiente y está lleno de corrupción, pero la sociedad tiene derecho a saber y a contrastar el discurso populista de la 4T, que pone en riesgo la democracia y la autonomía del Poder Judicial. 

Un ministro que a veces explica el sentido de sus votos -más allá de coincidir o no con su posición- es Arturo Zaldívar, etiquetado como amlista. Como presidente de la SCJN, contrató en agosto de 2022 al influencer Cristian Magazo para asesorar el manejo de redes sociales, con el objetivo de “que un joven haga contenido que le hable a los jóvenes”. La oficina del ministro Zaldívar explicó que el propósito de requerir los servicios del asesor era “evitar el lenguaje formalista del derecho y utilizar expresiones más fáciles e inclusivas para trasladar los mensajes del Poder Judicial a las redes”.

Algunos criticaron la contratación del tiktoker, quien cobró 93,522 pesos brutos mensuales durante cinco meses, pero esa estrategia tendría que continuar y estar en todas las dependencias gubernamentales para acercar y comunicar a la población y a los jóvenes la información pública. 

Los jueces y magistrados deben ser discretos durante el proceso judicial para preservar la imparcialidad, garantizar la integridad del proceso legal, evitar prejuicios y respetar la confidencialidad. Pero una vez que una sentencia es firme, deben comunicar con claridad qué se resuelve y cómo es su adecuada implementación.

Los comunicados de la SCJN no son suficientes, muchas veces no se les entiende y otras tantas dejan enormes lagunas de incertidumbre no sólo entre periodistas y analistas, también entre los propios estudiosos del derecho y abogados.

El lenguaje estructurado del derecho, las leyes y los abogados es el de los hechos, la precisión, el tecnicismo, la formalidad y la abstracción. Pero una cosa es el lenguaje del derecho y otra el habla: ésta es la manifestación concreta del lenguaje para comunicar algo específico. Una cosa es una sentencia y otra muy distinta lo que quiere decir y sus implicaciones. 

Ataviados con togas y birretes, las sentencias de los ministros citan docenas de artículos de múltiples leyes y ordenan notificar resolutivos ininteligibles, pero no comunican con el habla de la población. Ahora que los atacan desde todos los frentes de la 4T, debería transformarse la estrategia de comunicación social y acercarse a la población para explicar la importancia de la SCJN y la justificación de las sentencias, antes de que cambie la Constitución y el pueblo elija a los ministros. Quizá sólo entonces comprendan la importancia de hablarle a la gente.

Twitter: @beltmondi