Los otros frentes de López-Gatell

En foros internacionales, hay voces poderosas contra el poder de los epidemiólogos. Y es que a propósito de la contingencia sanitaria global, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, muchos políticos populistas han dejado en manos de esos especialistas médicos la toma de decisiones que han modificado drásticamente la marcha de la economía y la movilidad de poblaciones enteras.

En México, el poder del equipo encabezado por Hugo López-Gatell y María Elena Álvarez Buylla proviene directamente del Ejecutivo federal. Para mitigar la pandemia —definió el presidente de la República— valdrá la opinión de los científicos. Para reconvertir los hospitales, igual. Y también, para adquirir los ventiladores mecánicos, las pruebas PCR, las vacunas y los tratamientos terapéuticos...

Ese poder se expande a otros campos, como la lucha contra las adicciones y las otras pandemias que asolan al país: la obesidad, la diabetes, la hipertensión y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Las industrias enfocadas a la elaboración de alimentos procesados, bebidas azucaradas, tabaco y alcohol han tenido que reenfocar sus esfuerzos para tratar —infructuosamente, hasta ahora— de entablar un diálogo con las autoridades sanitarias.

Sin diálogo y después de ocho meses en la fase tres de la contingencia, ¿sigue la guerra sucia?. “Así como se ha mostrado suspicaz de la evidencia científica que sustenta las recomendaciones —y en algunos casos la obligatoriedad—del uso del cubrebocas, el doctor López-Gatell manifestó su escepticismo sobre los protocolos que ya han sido probados en otros países”, es el sustento de la queja más reciente contra el subsecretario de Promoción de la Salud, “asimismo, amenazó con poner freno a las pruebas para hacer valer su autoridad que, como ha mostrado una y otra vez, dista muchas veces de lo que los expertos del resto del mundo consideran correcto y viable”.

En otras latitudes, empero, la postura del gobierno mexicano ha cosechado reconocimiento. Un reporte elaborado por STOP —una ONG enfocada a la vigilancia de la industria tabacalera global— ubica a México en el lugar 16, entre 57 países donde es notoria la interferencia de los cabilderos de esa poderosa rama económica.

Las medidas implementadas a favor de la transparencia y contra los conflictos de interés, encabezadas por la Secretaría de Salud, han ayudado a que México mejore su ubicación en ese listado. No obstante —subraya el reporte— la interferencia de la industria tabacalera es continua y notable en el Congreso federal, y los cabilderos promueven una regulación laxa de los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentados.

El actual gobierno federal —reconoce STOP— ha limitado la participación de la industria tabacalera; incluso en las reuniones de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, se requiere que los participantes no tengan vínculos o representación de la industria. Y el gobierno impide la participación de la industria en la delegación de la Conferencia de las Partes (COP).

En 2019, reportó, la Secretaría de Salud decidió retirar su participación en una campaña que involucraba a una de las multinacionales fabricantes de tabaco (BAT).

Sin embargo, advierten, en el Congreso federal se han presentado iniciativas para una regulación laxa de los cigarrillos electrónicos y los productos HTP. Además, la colaboración del gobierno del estado de Nayarit con las dos principales empresas tabacaleras con presencia en México (PMI y BAT) son motivo de preocupación. Su monitoreo ha confirmado que algunas acciones de apoyo a los agricultores nayaritas y sus familias han sido financiadas por la industria.

El informe también consigna una “interacción innecesaria”, entre funcionarios gubernamentales y la industria. ¿Ejemplos?

El legislador nayarita Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud del Senado, acudió a eventos organizados por BAT y públicamente se pronunció a favor de la industria tabacalera. Su asistencia a ese evento —de acuerdo al informe— ocurrió por petición del gobernador de aquella entidad, Antonio Echevarría García.

La hija de la exsecretaria general del partido gobernante trabajaba en la industria tabacalera y ella votó a favor de la industria cuando fungió como legisladora. Otros hechos preocupantes: el sistema de seguimiento de cigarrillos de México está vinculado a la industria tabacalera (Codentify), de PMI que además participa con el gobierno federal en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

El gobierno federal no prohíbe las contribuciones de campaña de la industria tabacalera. Exfuncionarios federales son cabilderos de la industria del tabaco y están aliados con otros exfuncionarios que trabajan para la industria de refrescos.

Efectos secundarios

RECETA. Tras de la negativa de las autoridades electorales para otorgar el registro de México Libre como partido político, el expresidente Felipe Calderón ha retomado su agenda internacional. Ayer participó en la quinta edición del Diálogo Presidencial “América Latina, ¿ahora o nunca?” —un mecanismo auspiciado por la SIP, la Fundación Libertad y Desarrollo y el Miami Dade College— donde recordó que hace diez años, luego del frenón económico provocado por la pandemia de la influenza A H1N1, su gobierno implementó un plan de reactivación que contempló programas de empleo temporal y paros técnicos en las grandes empresas; incentivos a la informalidad, fortalecimiento del ingreso familiar con la entrega de apoyos directos a los más necesitados; un agresivo plan de inversión pública para la construcción de infraestructura y en vez de dar subsidios a las mipymes, se creó un gran fondo colateral para proteger a las instituciones bancarias y financieras. La sesión conjuntó a una docena de exjefes de Estado y de Gobierno miembros de IDEA, con Asdrúbal Aguiar, director de la Cátedra Mezerhane y exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

INSISTENCIA. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remitieron a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE la queja presentada por representantes de Movimiento Ciudadano contra la alcaldesa de Aguascalientes capital, Tere Jiménez, por presunta promoción personalizada luego de que apareciera en una película difundida en Netflix. El Instituto Electoral del estado no quiso conocer del caso...

Twitter: @aguirre_alberto