Los rezagos del Banco Bienestar

La buena noticia: las nuevas sucursales del Banco del Bienestar finalmente abrirán sus puertas en la Ciudad de México, dentro de una semana. ¿La mala? Ofrecerán sus servicios en los territorios de la UNA.

La ampliación del extinto Bansefi tomó tres años y un esfuerzo institucional sin precedentes para cumplir con una de las promesas más sentidas de AMLO: permitir a la población más vulnerable —por su ubicación geográfica o por su aislamiento social— del país tener acceso a los servicios financieros formales.

El diagnóstico inicial era impactante: al menos 577 municipios en el territorio nacional que no tenían una sucursal no cajeros automáticos, ni corresponsales de alguna institución bancaria. Asimismo, la población que habita en localidades rurales debe gastar más de 50 pesos para trasladarse a una sucursal.

Una pésima noticia sería que al cierre del año no pudiera concretarse el compromiso de abrir 500 sucursales del BanBienestar. Hacerlo implica una tarea titánica, de gran complejidad. Pero la peor noticia sería que las sucursales próximas a inaugurarse tuvieran que suspender operaciones, clausuradas por irregularidades en los permisos municipales. O que las edificadas por los ingenieros militares ofrecieran sus servicios incompletos, inoperantes.

La consolidación del Banco del Bienestar viviría un capítulo decisivo el pasado miércoles 22. Su consejo directivo resolvería —entre otros asuntos— sobre los rezagos en la habilitación de las nuevas sucursales, derivados de los problemas en el suministro de los cajeros automáticos y las autorizaciones pendientes de tramitar ante el órgano regulador.

Quedó registro en libros de la sesión. Los asuntos más urgentes involucran a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y —de acuerdo con las fuentes consultadas— están vinculadas a dos autorizaciones: una, sobre la carga frontal de los cajeros y otra, sobre el aviso de apertura de sucursales; este último requiere la rúbrica de la exdirectora de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación.

Abogada de profesión, la directora general de la institución, Diana Álvarez Maury, debe ceñirse a las disposiciones internas y la normatividad vigente. El retraso en la apertura de las nuevas sucursales, en cualquier caso, afecta directamente a los beneficiarios de los programas sociales de la Cuarta Transformación.

Efectos secundarios

EJEMPLARES. En la base aérea de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un gesto valioso al resaltar la trascendencia que la industria aeroespacial comienza a tomar en la economía nacional. La consolidación del hub de empresas de ese ramo en Querétaro, reconoció, fue posible al impulso del mandatario panista, Francisco Domínguez Servién.

ANCLAJES. La nueva Legislatura federal arrancó con el pie derecho, tras de la aprobación de la Ley Federal de Revocación de Mandato, pero va lento en el trámite de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, que regresó a San Lázaro con una adenda del Senado de la República, donde con el consenso de las fuerzas partidistas, se decidió ceñir su homologación las legislaciones estatales a lo estipulado en el artículo 111 constitucional. Pero en la SCJN actualmente está en curso la controversia 95/2021, promovida por el entonces presidente de la Cámara alta, Eduardo Ramírez de Aguilar, contra el Congreso de Tamaulipas a propósito de las reformas que permitieron la permanencia del gobernador panista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el cargo a pesar de haber sido desaforado. El pasado 14 de septiembre, la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes remitió un oficio al presidente del máximo Tribunal, Arturo Zaldívar.