Los socios de Oceanografía

En términos estrictamente procesales, el presunto fraude instrumentado por los socios de Oceanografía contra Banamex –y que habría generado un daño patrimonial por más de 500 millones de dólares en perjuicio de Banamex y Banorte– ha producido uno de los escándalos más sonados del sexenio peñista; aun no tiene responsables y, en cambio, ha dejado algunas víctimas colaterales.

En primerísima instancia, los empleados de la naviera, contratista de Pemex, quienes después de una sorda batalla, han podido recuperar sus sueldos, al amparo del SAE. Y en esa misma dimensión, están la plantilla de jugadores, cuerpo técnico y trabajadores administrativos de los Gallos Blancos y los Delfines, equipos afiliados a la Femexfut y propiedad de Amado Yáñez Osuna.

Otras historias paralelas, sin embargo, son menos visibles, pero igualmente dramáticas. Allí está el caso de Gloria Pérez-Jácome Friscione, de TV Azteca, quien ha tenido que dejar abruptamente su trabajo periodístico para salir del país y acompañar a su esposo, Martín Díaz en su exilio ibérico. El financiero de Yáñez Osuna se refugió unos días en Miami, cuando recién explotó este escándalo en los medios, y de allí se trasladó junto con su familia a Europa, donde fue acogido por sus socios, los hermanos Javier y Óscar Rodríguez Borgio.

Hay quienes creen que Díaz está en territorio estadounidense, pero fuentes de la PGR confirman que tanto el FBI como la DEA han iniciado sendas indagatorias contra los socios de Oceanografía, mismas que –ahora se sabe– no afectarán a los usuarios de Libertad, servicios financieros, después de que su directiva demostrara a los verificadores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que estaban limpios.

Al interior de esa caja de ahorros quedó constancia de que Martín Díaz supo de las investigaciones a mediados de noviembre del año pasado, por lo que incluso trató de gestionar al interior de Pemex y otras dependencias para conocer los detalles y en cierta medida, tomar sus precauciones. Díaz –sobrino del ex secretario de Hacienda y actual presidente de Telefónica, Francisco Gil Díaz– es un experto financiero que de la noche a la mañana se colocó como el brazo ejecutor de los hermanos Rodríguez Borgio para expandir el negocio de las salas de apuesta en todo el país, Big Bola, e incluso ayudó a estos empresarios a comprar una parte accionaria de Libertad. Sin embargo, no aparecen en el acta constitutiva de accionistas de Caja Libertad, aunque Martín Díaz funge como Presidente del Consejo, además de que se presume que tiene acciones de la caja a su nombre, cuando trascendió que sus verdaderos dueños eran Javier y Óscar Rodríguez Borgio. Incluso, para el sector financiero fue una sorpresa la incursión de Rodríguez Borgio y Martín Díaz en la caja de ahorro más importante del país con más de 1.5 millones de socios y activos de más de 9,000 millones de pesos.

Incluso antes, las autoridades seguían la pista a Rodríguez Borgio, propietario de Grupo Gasolinero México, empresa de la que trata de desvincularse, tras descubrirse que las gasolineras estuvieron involucradas en una acusación millonaria de robo de combustible, de allí que las autoridades hacendarias y bancarias están muy atentas a las operaciones de este duopolio empresarial.

La investigación comprende a Francisco Javier Rodríguez Borgio, presunto familiar del ex banquero Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino; además de su hermano Oscar Rodríguez Borgio, El Tarzán, y de Martin Díaz. A la indagatoria se ha sumado la SHCP, quien mantiene bajo investigación al Grupo Gasolinero Mexico por los delitos de lavado de dinero, evasión al fisco y delincuencia organizada y entre los involucrados en este delito estaría Francisco Javier Rodríguez Borgio, quien utiliza las empresas Grupo Invertierra S. A. de CV; Súper Gas-Zam S.A. de C.V; y al Club de Golf Amanali para lavar dinero. Se sabe que Francisco Javier utiliza a gente de su confianza para realizar estas actividades ilícitas, entre quienes destacan sus hermanos Óscar y José Antonio Rodríguez, además de Emilio Quiroz Moreno e Isaac Dehesa.

EFECTOS SECUNDARIOS

REAPARICIÓN. Cobijada por el capítulo jalisciense de la EGAP, del ITESM, la directora de Juegos y Sorteos de la Seob, Marcela González-Salas y Petricoli, inauguró ayer el último foro de consulta sobre la nueva legislación que construyen los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Allá, quedó claro que la nueva normatividad no será discutida en el Pleno en lo que resta del periodo ordinario, porque el Ejecutivo y los partidos no han alcanzado consensos para consolidar una sola propuesta.

IMPUGNACIÓN. Tras concluir los trabajos del Comité Técnico de Evaluación con la propuesta de 11 quintetas para integrar el Instituto Nacional Electoral, el diputado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tramitó un nuevo juicio para protección de los derechos políticos del ciudadano, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante lo viciado del proceso . De esas quintetas, que según el coordinador de la bancada panista, Luis Alberto Villarreal, son susceptibles de ser modificadas, fueron excluidos: Tomás Figueroa, presidente del Instituto Electoral de Jalisco, y la activista social Clara Scherer Castillo.