Más allá del anuncio de políticas públicas

Uno de los fenómenos que ha caracterizado la política pública con relación al mundo de las telecomunicaciones es la importancia que tiene la tecnología en el desarrollo económico y social de un país. Esta concientización por parte de autoridades de gobierno ha llevado al surgimiento de dos escuelas de pensamiento que tienen como finalidad promover la adopción de los servicios de acceso a Internet de alta velocidad por la mayor cantidad de personas que sea posible.

La primera escuela de pensamiento avoca por impulsar la expansión de los servicios de Internet gracias a su impacto positivo en la protección de los derechos humanos. El Internet se ve como herramienta fundamental para la protección de la libertad de expresión y como herramienta de la sociedad civil para la denuncia de violaciones a la ley que anteriormente quedaban en la impunidad. Asimismo, por medio de las conexiones a Internet se han lanzado iniciativas que impulsan el cumplimiento de otros derechos humanos como el acceso a servicios de salud o educación.

El impacto del acceso a Internet en la protección de los derechos del individuo ha llevado a países como México, Francia y Canadá a declarar al Internet como derecho humano dentro de su territorio. Además, el Internet se ha convertido en un componente esencial para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La segunda escuela de pensamiento pregona la promoción de la adopción de servicios de Internet por el impacto positivo que este servicio tiene en el crecimiento de la economía. Entre las razones que apoyan este principio es imparable evolución hacia la digitalización de todos los procesos y transacciones que ocurren en un mercado. Conocido comúnmente como transformación digital, se impulsa el crecimiento de conexiones de alta velocidad para incrementar la eficiencia en la ejecución de procesos lo que a su vez lleva a un incremento en la productividad.

Sin embargo, ambas escuelas de pensamiento pecan en omitir un hecho fundamental, mencionar la necesidad de una causalidad para que el Internet impacte positivamente la protección de los derechos humanos o impulse el crecimiento económico. Básicamente la creación de un plan de acción que utilice la infraestructura de fibra óptica y redes inalámbricas de 4G o 5G para alcanzar estas metas.

Precisamente es aquí donde encontramos un problema de armonización entre los deseos de la política pública y lo estipulado en la normativa nacional. Por ejemplo, se reconoce la necesidad de incrementar la cobertura de Internet en zonas remotas y de bajo poder adquisitivo como meta, pero se mantienen las leyes que imponen tasas impositivas onerosas a la importación de infraestructura o dispositivos de telecomunicaciones. Se habla del Internet como parte de la canasta básica, pero el marco legal que lo regula data de hace tres décadas cuando era artículo de lujo, empresas y pocas universidades.  

Los tomadores de decisión de política pública tienen la obligación de establecer la coherencia entre los objetivos de sus programas de gobierno y el marco normativo vigente. Entender que sin un acercamiento que modifique las trabas existentes en autorizaciones para el despliegue de infraestructura, facilitar el acceso a insumos esenciales como espectro radioeléctrico y recordar que sin la cooperación entre autoridades nacionales y locales los proyectos de desarrollo tienen menores probabilidades de éxito.

Sin las modificaciones necesarias al marco normativo para facilitar e impulsar la implementación exitosa de las políticas públicas, estas quedan relegadas a ser espejismos. Promesas de campaña que dan la ilusión de ser cumplidas cuando en realidad son quimeras natimuertas. Como dirían en el Cono Sur, es vender humo. El problema es que quien lo compra a cifras estratosféricas y sale perjudicado es el ciudadano.