Más militarización, más violencia

Como si no bastara con la demolición del Poder Judicial de la Federación y la demostración de fuerza bruta del régimen el 11 de septiembre, la mayoría oficialista se dispone a aprobar esta misma semana la iniciativa que formaliza la transferencia del mando y administración de la Guardia Nacional a la Sedena. No importa si la devastación de poblados enteros en Chiapas y la imposición de un virtual estado de sitio en Culiacán por el crimen organizado demuestran en toda su oscuridad el fracaso de la vía militarista. La autocracia en el poder requiere del apoyo de las Fuerzas Armadas para consolidarse (y viceversa). No se trata pues ni de un capricho más ni de un mero trámite. Al institucionalizar una política que, contra la Constitución misma, dejará la seguridad pública en manos militares, el oficialismo confirmará su desprecio por la legalidad y el sufrimiento social. 

En este contexto, son cada vez más relevantes las investigaciones que, desde el inicio de la mal llamada “guerra contra el narco” hasta este sexenio, han demostrado los fracasos y costos de la militarización, la falta de capacitación y coordinación de las fuerzas armadas reorientadas a funciones de seguridad pública, y la impunidad que ha cobijado la colusión de agentes del Estado y criminales, desde los años 90 por lo menos hasta este sexenio. Entre estos trabajos, el libro “Permiso para matar” (2024), publicado por Paris Martínez, Daniel Moreno y Jacobo Dayán, examina un significativo conjunto de crímenes cometidos por agentes estatales contra la población civil entre 2007 y 2022.

A partir de investigación periodística y académica, testimonios y diversos documentos oficiales, los autores se centran en 6000 supuestos “enfrentamientos” entre agentes estatales y “criminales” que revelan un patrón sistemático de criminalización de población civil inocente, detenida y perseguida para justificar el uso indiscriminado de la fuerza, la militarización de la seguridad, o para exhibir falsos éxitos, producto de montajes y noticias falsas y falsificadas. Lo que se des-cubre detrás de esta ficción securitista, es el horror y dolor que han padecido innumerables familias y comunidades a manos de policías estatales y federales, integrantes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, perpetradores de “crímenes de guerra”.

Para quienes prefieren la retórica engañosa y triunfalista, acusar de crímenes de guerra o de lesa humanidad a agentes del (des)orden pasados y presentes es “una exageración” o un “invento mediático”. No obstante, negar que grandes regiones del país están desgarradas por un conflicto interno armado, cuya víctima principal es la sociedad civil, atacada impunemente por hombres armados con y sin uniforme oficial, puede servir al afán autocrático y militarista del actual grupo en el poder, pero no a las víctimas de las violencias criminal y estatal, ni a quienes buscan solidarizarse con ellas en su búsqueda de justicia y verdad.

Como nos recuerda esta investigación, en el supuesto combate contra el crimen organizado se han repetido patrones de criminalización de personas inocentes, en particular de jóvenes, para “justificar” asesinatos y ejecuciones arbitrarias, desapariciones, torturas y otras graves violaciones de derechos humanos , que degradan la legalidad y la convivencia social.

Reproducir y ampliar esta apuesta por la vía militarista para (no) combatir al crimen organizado traerá más devastación, dolor e indefensión a millones de inocentes y acabará de desfondar los horizontes democráticos. Otro fracaso anunciado.