Más minas explosivas, dañinas e innecesarias en el camino de la siguiente administración

La nueva administración enfrenta altos riesgos económicos y un dilema en el ajuste de finanzas públicas. Pemex presenta pérdidas significativas, aumentó su deuda y podría enfrentar una degradación crediticia que afectaría al país.

En la última de estas opiniones se afirmó que la nueva administración encontrará un campo minado con altos riesgos económicos, que el ajuste de las finanzas públicas del primer año es un grave dilema.

Hacerlo como lo planeado sería un sacrificio de gasto difícil: políticamente y por los graves rezagos evidentes en salud, eEducación, seguridad e infraestructura públicas, entre otros. No hacerlo generaría fuertes dudas acerca de la sostenibilidad del programa económico y posiblemente una crisis de confianza.

El estado financiero de Pemex es otro grave riesgo. Con altas pérdidas en el primer semestre (251,000 millones de pesos) y apoyos públicos de capital (145 mmp, además de condonaciones impositivas), Pemex aumentó su estado de quiebra a 1.6 billones de pesos. Tendrá que amortizar el 22% de su enorme deuda en este semestre y el próximo y debe un récord de 360 mmp a proveedores y contratistas. La posible degradación de su calificación de crédito complicaría aún más su situación y podría poner en riesgo la del país, lo que sería un desastre.

Otras contingencias vendrían de la entrada en vigor de la reforma judicial y de la posible desaparición de los organismos autónomos, en el contexto del T-MEC y su futura revisión en 2026. La reforma en sí misma no viola el tratado, pero evidentemente preocupa a los inversionistas por la calidad y el sesgo de trato discriminatorio de las decisiones que los jueces elegidos “por el pueblo” podrían tomar. A ello se suma la incertidumbre por los cambios recientes a la ley de amparo, con la que las suspensiones de actos de gobierno no surten efectos generales.

A las controversias de la prohibición de importación de maíz transgénico y la amenaza a la minería a cielo abierto, la extinción de los organismos autónomos causaría conflictos en el marco del TMEC –explícito en cuanto la independencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones–. Y la anulación de la Comisión de Competencia sería conflictiva, ya que el tratado le atribuye diversas disciplinas, cuyo cumplimiento sería dudoso al pasar a ser una simple oficina del gobierno.

Otros problemas surgirían con la extinción de la regulación independiente del sector energético (hoy en las reguladoras CRE y CNH), si desaparece y el gobierno regula a sus propias empresas. Si la inclinación oficial por las paraestatales persiste, como todo indica, es casi seguro que el Estado mexicano enfrente controversias por parte de inversionistas o los estados socios por falta de piso parejo (disciplinas del T-MEC de nación más favorecida, trato nacional, transparencia, daño y otras en los capítulos de inversión y empresas del Estado).

Otros aspectos del Plan C, como la creciente militarización del país y las reformas anunciadas a las pensiones, podrían causar aún más desánimo para la inversión. 

Todo esto oscurece la favorable coyuntura para la inversión y la productividad que el mundo ofrece a México. Es autoinfringido, dañino e innecesario para la aspiración de un país con más oportunidades y un mejor futuro para la mayoría de los mexicanos.