Mayoría calificada

Desde la reforma electoral de 1996, cuando se establecieron las bases para la realización de elecciones democráticas y con un piso lo más parejo posible entre los contendientes, lo que en realidad sucedió fue que se eliminó la posibilidad de que llegase a existir una mayoría calificada que pudiese modificar la Constitución sin la colaboración de otras fuerzas políticas. La experiencia del priismo hegemónico obligaba a los legisladores a cancelar toda intención dominante en el marco de la transición democrática mexicana.

Por esto la necesidad de limitar la sobre representación en las Cámaras a 8% y garantizar que el reparto de curules se hiciese lo más cercano al resultado electoral de los comicios a través de los diputados plurinominales y senadores de la lista nacional. La misión central de la reforma era que nadie se apropiase a través del voto, de una mayoría capaz de romper los equilibrios de poder y garantizar así los derechos de las minorías.

Era en ese momento lo que exigían tanto el PAN como el PRD, temerosos de que el PRI pudiese recuperar la hegemonía en el Congreso. Pero la modificación a la forma de interpretar los límites de la sobre representación, excluyendo a las coaliciones de esa restricción, abrió la puerta para un retorno a las mayorías calificadas en contra de la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

La recomposición del partido de Estado a través de Morena y el propio López Obrador, nos han regresado al pasado de un partido único y un presidente todopoderoso. Claudia Sheinbaum tendrá que decidir rápidamente entre mantener la subordinación con el líder, o la apropiación de esa mayoría calificada en el Congreso para consolidar su mandato que sería el más poderoso desde 1997 cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara baja.

Para ello tendría necesariamente que contar con el apoyo de los liderazgos parlamentarios, o sea garantizar la lealtad de Monreal y Adán Augusto en sus respectivas instancias legislativas. En todo caso se trata de un asunto de voluntad política de las partes. La pregunta es hasta dónde Andrés Manuel estará dispuesto a renunciar a su poder como caudillo aún después de finalizar su mandato, y por otro lado si Claudia Sheinbaum tiene la intención clara de asumirse como la primer presidenta con el poder total para gobernar e incluso modificar de tajo la Constitución bajo su proyecto de gobierno y no el de AMLO.

Y es que poseer esa cantidad de poder se convierte en un arma nuclear para quien la utilice. Si López Obrador se obstina en aprobar en septiembre una reforma judicial que anule la independencia de la institución, heredará a su sucesora un terreno radioactivo que le causaría un enorme daño casi imposible de reparar.