México, amenazas existenciales

México está siendo llevado –deliberadamente– a una inédita crisis multidimensional por la destrucción del Poder Judicial y de organismos autónomos, captura de órganos electorales, y tensiones diplomáticas con Estados Unidos y Canadá. Todo, con participación y apoyo del gobierno entrante, lo que evapora cualquier esperanza de rectificación. Es asombroso el carácter intencional de la crisis, y que se da en el contexto de infinitas oportunidades perdidas por el aborto del nearshoring. (Para exacerbar inquietudes, esta semana, Morena ha eliminado de la Constitución de la Ciudad de México el principio de respeto a la propiedad privada). Con el control total del poder legislativo y judicial, y sin contrapesos institucionales, Morena puede modificar a su antojo la Constitución de la República en un sentido claramente previsible. Muy poco se puede hacer, dada una oposición reducida a un papel testimonial por la sobrerrepresentación lapidaria otorgada a Morena y aliados por el INE y el TEPJF: con el 53% de los votos totales, tienen el 74% de la Cámara de Diputados, y también, prácticamente mayoría calificada en el Senado. De inmediato, y en el corto plazo, consecuencias y amenazas existenciales son ya manifiestas o se atisban con claridad en el horizonte.

Se observa ya una creciente inestabilidad política en un escenario de quiebre institucional y polarización radicalizada (que el gobierno entrante no deja de alimentar), crisis de confianza, y la multiplicación de protestas, además de una imparable violencia, control del crimen organizado sobre el territorio nacional, y mayor tráfico de drogas y de migrantes hacia los Estados Unidos, lo que extremará las tensiones con el vecino del norte. Se espera próximamente un anuncio oficial del gobierno de Estados Unidos sobre el T-MEC (ya que las reformas en curso atacan sistémicamente el corazón del Tratado), suspensión de beneficios, su renegociación o terminación en 2026, y sanciones comerciales y económicas a nuestro país, como aranceles a sectores clave (automotriz, agroalimentario). Ello, además de diversos paneles y conflictos que representarán indemnizaciones cuantiosas a empresas norteamericanas y canadienses. Otras sanciones previsibles podrían incluir congelamiento de activos mexicanos, restricciones a transacciones con entidades gubernamentales, y limitaciones a transferencias bancarias. Serían golpeadas fuertemente las exportaciones mexicanas de manufacturas y productos agrícolas, al tiempo que se derrumbaría la Inversión Extranjera Directa y el tipo de cambio. Se acelerarían la fuga de capitales y la inflación, y el Banco de México se vería obligado a aumentar considerablemente las tasas de interés, contribuyendo decisivamente a agudizar una recesión. Con mayores tasas, el servicio de la deuda sería inmanejable, se dispararía aún más el déficit, a menos que hubiera un recorte o ajuste fiscal draconiano en subsidios o “programas sociales” y en Pemex. Habría una baja a la calificación crediticia soberana de México, lo cual haría más escaso el financiamiento externo aumentando su costo.

De hecho, los indicadores económicos ya están cayendo: el PIB a menos de 1% para 2024 con una alta probabilidad de recesión, así como la generación de empleo y nuevas inversiones extranjeras. Crece exponencialmente el déficit público a más del 6% del PIB, el más alto en cuatro sexenios, por el gasto clientelar electoral durante 2024 (que nutrió el triunfo de Morena). Consecuentemente, también aumenta la deuda pública, que se acerca a 15 billones de pesos, habiéndose casi duplicado entre 2018 y 2024; llegará a un histórico 60% del PIB. El nearshoring se desvanece, mientras los futuros del peso apuntan hacia una depreciación del 20%. El gasto en pensiones no contributivas y “programas sociales” se anticipa inviable para los equilibrios fiscales, lo que conjuntamente con la pesada rémora fiscal y financiera que significa Pemex, más un servicio de la deuda en niveles de riesgo (1.3 billones de pesos en 2024), plantean una crisis fiscal para el 2025. Sin embargo, una reforma fiscal ya ha sido descartada por el nuevo gobierno, aunque es posible que este recurra a elevar el ISR a las empresas y trabajadores, y a imponer onerosos impuestos al patrimonio y a las herencias (sin considerar una generalización del IVA).

Subirán el desempleo, la pobreza y la economía informal. El contexto social será aún más crítico, con el colapso provocado de servicios públicos en salud, cada vez mayor deserción escolar, y cancelación de inversiones industriales y apagones crecientes por el bloqueo a la inversión privada en nuevas centrales eléctricas. Se anticipa cada vez más violencia (este ha sido el sexenio más violento de la historia moderna, con 200 mil asesinatos y 100 mil desaparecidos), con la seguridad púbica militarizada y ostensiblemente fracasada. La crisis multidimensional que enfrenta México representa una inflexión crítica no solo para la estabilidad interna del país, sino para el equilibrio geopolítico y económico de América del Norte en su conjunto. Sería indispensable y urgente llamar a la unidad nacional y al diálogo, detener y revertir las reformas constitucionales, hacer un reseteo diplomático con Estados Unidos, y lanzar un programa de choque de estabilización macroeconómica y fiscal. Pero, evidentemente, nada de esto va a ocurrir.