México, desafíos en seguridad y justicia

La seguridad es un componente esencial para el bienestar de las personas y el funcionamiento adecuado de las comunidades; también, es una de las mayores preocupaciones de las y los mexicanos. La seguridad implica la protección de los individuos, sus derechos, sus bienes y su entorno frente a amenazas y riesgos. El Estado tiene la función primordial de garantizar la seguridad pública, así como los derechos y libertades de todas las personas y México –tal como lo señala un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública— debe enfrentar las debilidades que tiene en los sistemas para prevenir, perseguir, juzgar y sancionar los delitos.

La justicia, por su parte, se refiere a la aplicación equitativa y transparente de las leyes y normas establecidas en una sociedad. En sociedades democráticas, además, implica la garantía del acceso igualitario a los derechos, de la igualdad ante la ley y de la imparcialidad en los procesos judiciales. La justicia busca asegurar que todas las personas sean tratadas de manera imparcial y que se respeten sus derechos fundamentales, y para esto es necesario contar con un sistema de justicia confiable, independiente y eficiente.

México enfrenta desafíos cruciales en materia de seguridad asociados principalmente con el crimen organizado y el narcotráfico, redes que, además del tráfico de drogas, también están involucradas en otros delitos como el tráfico de armas, trata de personas, secuestro, extorsión, homicidio, entre otros. De hecho, de acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado, México es el cuarto país con mayor criminalidad en una evaluación hecha a 193 países, lo que lo posiciona en segundo lugar en América Latina.

Y, pese a que la tasa de incidencia delictiva ha bajado de manera progresiva desde 2018, la tasa de homicidios –accidentales y violentos— se ha mantenido en general al alza, con lo que México ha vivido sus años más violentos. En 2021, la tasa de homicidios fue de 28 por cada 100 000 habitantes a nivel nacional, la cual bajó 7.1% en 2022.

Por supuesto, un tema apremiante respecto a la seguridad que va ligado con la justicia es la impunidad. Pues, pese a que México cuenta con cuerpos de seguridad y un sistema de procuración e impartición de justicia, la corrupción e ineficiencia han hecho que la ciudadanía no confíe en ellos. Según el Índice Global de Impunidad México (IGI), el promedio nacional de impunidad en 2022 era de 60.1, siendo el estado de México el que mayor índice reporta, con 74.6 puntos.

De acuerdo con el IGI, existe una relación entre el tamaño de la población, el PIB, la pobreza, la tasa de prevalencia delictiva y la corrupción, ya que mientras dichas variables sean mayores, también lo será el grado de impunidad. Se puede argumentar que mientras mayor sea la escolaridad, mayor es la conciencia cívica, menor la disposición a participar de la corrupción, menor la disposición a buscar privilegios indebidos, y mejor el entendimiento del conflicto de interés, entre otros elementos. Por lo tanto, aunque se requiere profundizar en los vínculos causales, es evidente que más y mejor educación contribuye a una mejor gobernanza.

Finalmente, para compensar la balanza, es necesario fortalecer el sistema de procuración e impartición de justicia, así como el crecimiento y fortalecimiento de capacidades policiales en todo el país. Pero también debe ponerse énfasis en la prevención social de la violencia mediante estrategias efectivas con participación pública y privada.

*El autor es Investigador, Instituto de Ingeniería de la UNAM y presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi.