México, la democracia más cara del mundo

El próximo 6 de junio, seremos convocados a las urnas para ejercer nuestro derecho al sufragio efectivo 95 millones de mexicanas y mexicanos. Fuentes bien informadas afirman que las elecciones tendrán un costo para el Estado de 41 mil millones. Cantidad que si la comparamos con los 34 mil millones de pesos que costará el vacunar a la población del país contra el Covid-19 resulta insultante y refleja como los habitantes de nuestro querido país somos rehenes de los partidos políticos y de la burocracia electoral.

Ser la democracia más cara del mundo no debe ser motivo de orgullo, entre otras cosas porque lo que tenemos no es una democracia plena sino un remedo de ésta. ¿Qué democracia seria y verdadera tolera que los partidos lancen candidatos enmascarados? ¿En qué país, que se respete, los aspirantes a ocupar puestos legislativos o ejecutivos son populares por sus actuaciones en la televisión, cine, teatro y palenques? Tal vez hayan trabajado en un buen número de telenovelas y/o se sepan la letra de muchas canciones, pero desconocen los 136 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas mínimas de la buena gobernanza. Cuando ha habido actores en el Congreso sus intervenciones en tribuna han sido mínimas porque extrañan el apuntador electrónico.

Cuarenta y un mil millones de pesos repartidos entre 95 millones de electores potenciales, da por resultado que cada voto costaría 431 pesos con 57 centavos. Esto en el caso que votara el cien por ciento del padrón electoral. Pero sabemos que en México existe una gran simpatía por el partido abstencionista. Prueba de lo que digo es que entre 1994 y el 2006 se eligieron a tres presidentes de la República, en esos tres comicios el abstencionismo pasó del 23 al 41 por ciento. En la elección del 2012 no votó el 35.4 de los que deberían haberlo hecho; en los comicios más recientes, los del 2018, el abstencionismo fue del 23 por ciento, algo inusitado y que, en parte, explica el triunfo tan holgado de López Obrador.

Puedo apostar que en los comicios del próximo julio la asistencia de votantes a las urnas será notablemente inferior a la del 2018. En primera porque son elecciones intermedias que siempre han sido menos concurridas que en las que se elige al primer mandatario y, en segunda, porque para julio, por desgracia, seguirá la pandemia de Covid-19 y, aunque ya habrá muchos vacunados, será un buen pretexto para no salir de casa a votar y quedarse a ver el futbol.

Supongamos, tentándole el agua a los camotes —como dirían los antiguos griegos—, que el próximo 6 de junio acudieran a las urnas una cifra similar a la de las elecciones del 2012, es decir el 65 por ciento de los empadronados que suman 71 mil 250 votantes por lo que cada voto costaría 575 pesos con 43 centavos.

Una gran tajada del abundante presupuesto electoral se la lleva el Instituto Nacional Electoral (INE) con sus ejecutivos mejor remunerados que el presidente de la República. La otra parte se la llevan los partidos políticos —ahora son diez— algunos de ellos sólo ambicionan un mediocre 3% de los votos para vivir del presupuesto que les otorga el generoso Estado mexicano.

Es urgente promulgar leyes para bajar de manera importante la partida económica destinada a los gastos electorales, cosa muy difícil porque para hacerlo se tendría que pasar por el Congreso y los legisladores no van a votar por una ley que beneficiaría a la Nación pero que perjudicaría a los partidos políticos. Primero están sus intereses. Lo mismo sucedería con la pretensión de bajar el número de diputados de 500 a trescientos, no prosperaría. Nos tienen en sus manos.

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