México sin retorno

Este primero de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales se reunirá para remitir la convocatoria con los proyectos de dictamen de cada una de las 18 iniciativas que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar nuestra Constitución en distintos temas de interés nacional. El proceso es confuso y apresurado, pues la intención es que el análisis lo realice la legislatura saliente pero que sea aprobada por la entrante en septiembre. Evidentemente es un tema de números, pues requieren mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los votos tanto en la cámara de origen (diputados) como en la cámara de senadoras (revisora). Números que con los resultados de la pasada elección ya tienen.

Quisiera describirles brevemente en qué consisten estas reformas para que se den una idea de lo peligroso que fue haberles concedido el control total de nuestro Congreso.

Las que no implican recursos y la mayoría de las fuerzas políticas están de acuerdo:

La de protección animal que le da facultades al congreso en esta materia.

La de prohibición de drogas sintéticas, aunque ojo, esto trae la prohibición constitucional de los vapeadores o cigarrillos electrónicos.

Salario mínimo, que establece que su revisión nunca más estará por debajo de la inflación.

Derecho a la alimentación, medio ambiente sano y derecho al agua, para la prohibición del maíz genéticamente modificado, concesiones para mínería a cielo abierto, fracking y acota las concesiones a particulares en zonas de baja disponibilidad de agua.

Vías y transporte ferroviario, para recuperar la relevancia del servicio de transporte ferroviario; y

Remuneraciones públicas, donde se actualiza el salario del presidente en más o menos 240 mil pesos mensuales, y topa que nadie puede ganar más que el Presidente, incluyendo poder judicial.

Las que implican muchos recursos públicos que no están cuantificados:

Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, que busca reconocer a estos sujetos de derecho público y no de interés público; implica que las personas indígenas tengan que ser asistidas y asesoradas por intérpretes en todas las instancias jurisdiccionales y difundir las lenguas indígenas.

La pensión para personas con discapacidad, implica que se le otorgue una pensión a toda persona en esta condición hasta los 65 años de edad, asimismo rehabilitación por el estado. En esta iniciativa incorporan fertilizantes gratuitos a campesinos y a pescadores, así como mantener los precios de garantías en el arroz, frijol, leche, arroz y trigo.

Apoyo a jóvenes, elevan a rango constitucional el apoyo a los ninis. Un programa que ha sido muy cuestionado por sus nulos resultados y por lo opaco de la entrega de los recursos.

Atención médica, aquí hacen acotaciones al derecho de salud para ampliar los derechos de mexicanos y que haya mejores servicios, quizás para que ahora sí lleguemos a ser como Dinamarca.

Vivienda, en esta iniciativa amplían las facultades del INFONAVIT para que pueda construir y rentar vivienda. De nuevo la centralización de las actividades por parte del gobierno, no sabemos si el Instituto tendrá la capacidad de hacerlo, cuánto impactará al sector desarrollador de este país, y si esto no será un foco más de corrupción como lo que hemos visto en los últimos años.

Pensión garantizada, para utilizar los recursos de las afores suspendidas para el fondo de pensiones del bienestar y asegurar a los mayores de 65 años una pensión, ya no de acuerdo a lo que ahorraste, sino de acuerdo al salario promedio del IMSS.

Las que atentan contra la República:

La de prisión preventiva oficiosa que amplía el catálogo de delitos que ameritan esta prisión automática, pese a ser declarada como figura inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; incluye explícitamente los conceptos de defraudación fiscal y compra-venta de facturas.

La reducción a la mitad del financiamiento público para partidos políticos, pero no explican que esto amplia aún más la diferencia entre lo que recibiría un partido hegemónico como Morena y lo que podrían recibir los partidos pequeños. La eliminación de los plurinominales y del INE para volverlo algo más parecido al órgano electoral de Venezuela, un Instituto que dependería de Gobernación; así como la elección de magistrados y consejeros por votación.

La reforma al poder judicial que reduce el número de ministros en la Suprema Corte, los años en el encargo, así como el número de votos requeridos para sentencias.

La de la Industria Eléctrica donde toman control total del sistema eléctrico nacional y se acota la participación de particulares a básicamente cuando se garantice “justica social”, un concepto que sólo ellos saben lo que significa. También elimina el concepto de empresa productiva y la obligación de guiarse por mejores prácticas.

La de simplificación administrativa, donde eliminan seis organismos autónomos, entre ellos el INAI, CONEVAL y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; y la de

Guardia Nacional, que deja establecido que esta guardia no será jamás civil sino estará adscrita a la Secretaría de la Defensa, es decir, seguir militarizando al país.

Tenemos que estar muy pendientes de esta discusión e involucrarnos al máximo, de lo contrario lo que nos espera es el peor México de todos los tiempos.