Ministra Piña, demasiado tarde

La ministra Norma Piña y los demás integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han salido a la luz pública para dar su opinión acerca de la propuesta presidencial de elegir a todos los jueces, magistrados y ministros. Algunos de los ministros se apegan a la palabra presidencial, otros han hablado de atemperar la propuesta hablando de gradualismo, pero hay otro grupo entre los juzgadores del máximo órgano que claramente lo rechazan como lo que es: un despropósito.

A esta propuesta obradorista se ha agregado otra de la misma autoría: no se necesitará experiencia para ser nombrados jueces, magistrados o ministros porque la experiencia “malea” a las personas, dice López Obrador; es mejor que sean “frescos” (otra expresión de las mañaneras), recién salidos de la escuela. Otro despropósito.

Tal vez alarmada por este panorama que se ha pintado desde Palacio Nacional, la ministra Piña inclusive pidió recientemente un diálogo con el presidente López y la presidenta virtual Sheinbaum para hacerles ver que si bien es necesaria una reforma judicial esta debe tener en el centro los derechos humanos y a las víctimas, no a un electorado caprichoso y voluble. 

Creo que la ministra Piña ha salido tarde y mal. Por supuesto, no estoy cuestionando sus motivos o la integridad de la presidenta de la SCJN. Creo que ha sido una de las mejores funcionarias en uno de los puestos más complicados. Pero las respuestas que ha recibido han sido desdeñosas y con intención de vapulearla. El presidente López la ha mandado con la secretaria de Gobernación y ha dicho que él ya no tiene nada que ver con el tema. 

Claudia Sheinbaum, obediente, ha dicho que el diálogo nunca se ha cerrado, pero que la cosa está en el Legislativo. Ricardo Monreal, siempre dispuesto, ha llegado a decir que la ministra desprecia al Poder Legislativo. Lo cierto es que la ministra no se equivocó de interlocutores, pero sí de momentos. En el Legislativo no se toman decisiones, se toman en Palacio Nacional y por un solo hombre: AMLO.

Hay instituciones muy importantes, pero que tienen mala fama o bien la ciudadanía no entiende cabalmente su función. Una de ellas es la que compone el Poder Judicial (PJ). Casi cualquier ciudadano o ciudadana tiene una pésima opinión de jueces, magistrados, secretarios y todo el personal que labora ahí. Lo identifican con burocratismo, lentitud, corrupción y, paradójicamente, injusticia. Una justicia que tarda o se puede modificar con dinero simplemente no es justicia. 

Poco importa que esta imagen esté alimentada por la creencia de que la policía o los ministerios públicos son parte del Poder Judicial, lo cual es un error. Tampoco importa que la ciudadanía no distinga entre el Poder Judicial de los estados y el federal, radicalmente distintos. En pocas palabras, el Poder Judicial es muy vulnerable en cuanto a imagen pública.

De esto se aprovecha AMLO para denostar al Poder Judicial desde que la ministra Norma Piña tomó las riendas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien no se mostró tan complaciente con las “peticiones y sugerencias” que le llegaron desde Palacio Nacional. El mismo López Obrador ha admitido esto y ahora se sabe que el ministro Arturo Zaldívar, anterior presidente de la Corte, llevó a cabo reuniones con jueces y magistrados para presionarlos, comprarlos o amenazarlos para “atender” lo que le pedía el presidente López. 

La Suprema Corte ha cometido la grave falta de hacer cumplir la Constitución cuando una ley no se apega a ella. Algunas leyes que eran importantes para AMLO se han echado abajo, lo que ha desatado el enojo presidencial. En otro nivel, jueces han desechado acusaciones contra personajes supuestamente ligados al crimen porque no se apegaron a derecho o han amparado en contra de leyes a personas y grupos. Graves desafíos para un mandatario que no admite desviaciones a lo que exige.

Para desgracia de la Corte, el 2 de junio le dio a AMLO el poder para cambiar o desaparecer a los órganos autónomos y al Poder Judicial. Su propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros fue recibida con sorpresa e incredulidad. Pero la ocurrencia ha cristalizado en legisladores y la presidenta virtual obedientes a la voz del amo, perdón, quise decir del AMLO.  

Ha sido una tradición que algunas instituciones sean discretas en sus asuntos. Me refiero a la SCJN, el INE, INAI, entre otras. Pero creo que desde el principio de sexenio debieron darse cuenta de que esa práctica las condenaba a ser vulnerables. Las instituciones deben explicar a la ciudadanía su utilidad, aclarar cuando se les acusa de algo que no es verdad y contradecir cuando se les ataca. La discreción es suicida ante un poder autoritario.