Morena: obligada a renovar su dirigencia

La jefa de gobierno de la CDMX y 22 gobernadores de la 4T publicaron un desplegado para rechazar el proyecto de sentencia de la magistrada Jeanine Otálora que propone invalidar la prórroga de 14 meses adicionales al mandato de Mario Delgado y Citlali Hernández como presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena. Alegaron que, en caso de aprobarse, “representaría una clara intromisión ilegal en la vida interna de un partido político”.

La ponencia, cuya discusión y votación está programada para el 19 de abril, se reveló a los medios de comunicación desde hace una semana. Su aprobación obligaría al partido político en el gobierno a organizar la renovación de su dirigencia nacional antes del 31 de agosto de este año.

El problema no es el tiempo –cuatro meses serían suficientes para llevar a cabo un proceso interno–, sino la falta de instituciones al interior de Morena para procesar el cambio en sus órganos directivos.

De acuerdo con los estatutos del partido, la presidencia y la secretaría general del CEN se deben renovar cada tres años. La última vez se tardaron cinco. Sólo lo hicieron porque el Tribunal Electoral los obligó a base de sentencias e incidentes de incumplimiento de sentencias. Al final, tuvo que ordenarle al INE que se hiciera cargo de organizar una encuesta para seleccionar a la dirigencia nacional.

El otro problema, desde luego, es que Mario Delgado y Citlali Hernández quieren mantener sus cargos y el poder, a pesar de lo que digan los estatutos. Aspiran a ser ellos quienes hagan el reparto de candidaturas para las elecciones del 2024 y a asegurar una buena posición en el siguiente ciclo político, que se inaugura después de la elección presidencial.

Llama la atención que la jefa de gobierno y los 22 gobernadores, algunos de los cuales ni siquiera son militantes de Morena, condenen el proyecto de la magistrada Otálora como una intromisión en la vida interna del partido político.  Lo que pasa al interior de los partidos políticos no puede quedarse en los partidos políticos.

El principio de auto organización no le otorga a la dirigencia de Morena una licencia para incumplir con sus obligaciones constitucionales ni para hacer a un lado los derechos políticos de la militancia. Tampoco le da carta blanca para violar sus propias disposiciones estatutarias. De otra manera la vida interna derivaría en tiranía.

Para evitar la renovación de la dirigencia nacional luego de tres años en el cargo, Mario Delgado y Citlali Hernández promovieron una reforma estatutaria. Con este fin, convocaron al III Congreso Nacional Ordinario de Morena que se celebró 17-18 de septiembre de 2022. Sin embargo, hicieron trampa.

Al momento de publicar el proyecto de reforma estatutaria, el 16 de julio de 2022, no mencionaron nada respecto a la prórroga en el mandato de la presidencia y secretaría general del CEN. Un día antes de la celebración del Congreso, el 16 de septiembre, dieron a conocer la propuesta de un artículo transitorio que extendía el encargo de Mario Delgado y Citlali Hernández hasta el 31 de octubre de 2024.

Al ser requerido sobre la justificación de la prórroga, Morena alegó que le permitiría enfrentar el proceso electoral 2023-2024 con una dirigencia nacional estable. Pero esto no puede considerarse como una situación extraordinaria o excepcional. Como el proyecto de la magistrada Otálora dice, todos los años hay procesos electorales.

La figura de la prórroga ni siquiera está prevista en el cuerpo de los estatutos, que con claridad establecen que los integrantes del CEN durarán tres años y que queda prohibida la reelección en el mismo cargo. En otras palabras, el transitorio va en contra de todo el orden estatutario en aras de privilegiar a dos personas específicas. En lugar de proteger la vida interna, simplemente sirve los intereses de la dirigencia en turno.

*El autor es profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif