Muera la preponderancia

La regulación que ha retrasado la plena inclusión y transformación digital de México es la preponderancia en telecomunicaciones. No sólo ha ralentizado el crecimiento del sector y la inversión, también ha restado agilidad al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), convirtiéndolo en un ente limitado en su capacidad de universalizar la conectividad e investigar los mercados.

A once años de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y de la promulgación de la ley secundaria, ante la amenaza de extinción del IFT por la Cuarta Transformación y el arribo de un gobierno con claras intenciones de reasumir el control administrativo y regulatorio de las telecomunicaciones, las nuevas autoridades y los nuevos legisladores deben saber que la preponderancia ha sido el más grande impedimento para el efectivo derecho de acceso a las TIC, Internet y la banda ancha, la inclusión digital universal y el derecho social a la conectividad. 

La preponderancia es cuando un agente económico tiene una participación nacional en los sectores de radiodifusión (Televisa) o telecomunicaciones (América Móvil) de 50%, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico o capacidad de red, aún cuando no existan prácticas anticompetitivas.

Una regulación concebida para ser implementada y vigilada por el IFT, no puede trasladarse ni permanecer intacta con un diseño institucional distinto como lo es “la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión” dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) o la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que conducirán, respectivamente, Jesús Antonio Esteva Medina y José Peña Merino en la próxima administración de Claudia Sheinbaum.

México enfrenta una paradoja: mientras el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es un derecho fundamental, la preponderancia ha obstaculizado las inversiones, los despliegues de infraestructura digital y la expansión de la conectividad. 

México enfrenta un mercado de telecomunicaciones distorsionado por diversas razones, y la preponderancia es una de las más significativas. Hay que añadir que el precio del espectro en México es el más oneroso de América Latina, lo cual ha provocado licitaciones desiertas y la devolución de frecuencias por parte de los operadores. Este costo elevado del espectro limita severamente la capacidad de inversión en infraestructura, esencial para la expansión y mejora de los servicios.

Además, el mercado mexicano ha pasado de contar con tres a solo dos operadores de red móvil, una consolidación fáctica que refleja la dificultad de operar en un entorno sobrerregulado y costoso para el retorno de las inversiones. Esta reducción de tres a dos operadores de red móviles es un claro indicador de que la regulación actual está lejos de fomentar un mercado dinámico.

La preponderancia es una camisa de fuerza para la inversión, la infraestructura, la innovación y la conectividad social. Concebida para regular las redes tradicionales de voz fija y móvil, esa regulación es una barrera para los servicios de datos que requieren innovación, flexibilidad y agilidad. En un mundo donde la demanda de datos crece exponencialmente y la economía funciona sobre Internet, es crucial que la regulación permita y fomente la adaptación y ampliación de las infraestructuras y los servicios.

La preponderancia ha sustituido la regulación económica de poder sustancial de mercado y la capacidad del IFT de investigar las prácticas monopólicas. La regulación asimétrica debería ser temporal y estar destinada a corregir desequilibrios específicos de mercado, pero la preponderancia es eterna y ha dificultado la creación de un entorno favorable para el crecimiento, la innovación y la inclusión digital.

En la práctica, la pétrea preponderancia ha perpetuado un sistema de control que sofoca la inversión; obstaculiza la competencia convergente de voz, datos y video; no hace atractiva la expansión de redes a zonas rurales y alejadas y, peor, eterniza la exclusión digital.

Para avanzar hacia una inclusión digital universal significativa, garantizar el derecho social a la conectividad y lograr la prosperidad compartida, como es el deseo del nuevo gobierno de Sheinbaum, es imperativo eliminar la preponderancia. Esta normativa inflexible es incompatible con las necesidades actuales del mercado global de telecomunicaciones y la transformación digital que demandan inversión, rápida adopción de nuevas tecnologías, innovación y competitividad.

México necesita romper los grilletes que impone la preponderancia, abrir la competencia convergente, reducir urgentemente los costos del espectro, detonar la innovación y promover la expansión de la infraestructura digital con miles de torres y kilómetros de fibra óptica adicionales.

Que muera de una vez por todas la preponderancia: es un mal experimento regulatorio y el más grande dique para alcanzar los objetivos de inclusión digital universal planteados en la reforma constitucional de 2013 y los objetivos de cobertura social del gobierno de la 4T. La regulación debe evolucionar para adaptarse a un mercado en constante cambio y globalmente interconectado, donde los servicios de datos, la Nube, los Centros de Datos, la Inteligencia Artificial y las nuevas tecnologías son cada vez más relevantes y también forman parte del sector de las telecomunicaciones.

La eliminación de la preponderancia es esencial para garantizar que todos los mexicanos puedan participar plenamente en la era digital y aprovechar las oportunidades y beneficios que ofrece. Once años en el mundo digital equivale a una era geológica. La preponderancia es un dinosaurio enorme, lento, muy pesado y costoso de mantener, incapaz de adaptarse a los dinámicos cambios digitales. Como los grandes dinosaurios, la preponderancia también debe extinguirse.

X: @beltmondi