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No es el plan A o B los que preocupan, es el plan C
La manera como Andrés Manuel López Obrador trata a aquellos ciudadanos que no están de acuerdo con él, hace de la presidencia un espacio faccioso que, además, da un aval a sus seguidores para violentarse contra “sus opositores”.
Si muchas personas están indefensas ante los ataques de su propio Presidente es porque no hay los controles democráticos para evitar que López Obrador sea un jefe de camarilla con total acceso a los recursos públicos.
Se ha normalizado el derecho de insultar desde la tribuna presidencial. Se toma como parte de la “transformación” que a través de decretos se desmantele la vida institucional del país y se acabe con órganos autónomos que funcionaban bien y tenían razón de ser.
El Presidente puede, a través de su mayoría sumisa, disponer de cualquier ley secundaria. Y si no puede, por la necesidad de un cambio Constitucional, presiona y somete para tratar de conseguirlo.
El plan A que ha aplicado el presidente López Obrador para cambiar la Constitución le ha funcionado para crear la Guardia Nacional y para echar para atrás la reforma educativa, ambas en el 2019.
Fueron cambios por consenso que se acompañaron de promesas de resultados que evidentemente no llegaron.
El plan B del régimen aplica cuando el Presidente da una orden a sus diputados y senadores para modificar alguna ley y no consiguen los votos suficientes para ello.
Ahí está la ampliación de la permanencia en las calles del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028. El plan B fue la presión, aparentemente judicial, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien no solo avaló el cambio constitucional, sino que se encargó de presentarlo como propio.
Fue también un plan B modificar leyes secundarias que traspasaran el control civil de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, en sentido contrario de la Constitución. Es ese plan B el que ahora adelanta López Obrador en materia electoral.
Y es ahí donde puede entrar el otro plan del Presidente, que ya le ha funcionado para pasar sobre la Constitución sin necesidad de tener una mayoría calificada que la modifique.
Es el plan C, con C de Corte, específicamente de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que haga de la voluntad presidencial una realidad a través de chicanas legales.
La Corte ha quedado marcada con la manera como procesó el 7 de abril pasado el recurso de inconstitucionalidad de la ley eléctrica, cuya modificación contraviene el texto constitucional, pero que en una maniobra que incluyó hasta un mal conteo de votos, permitió la aplicación tramposa de cambios energéticos que hoy tienen a México al borde de un serio conflicto comercial con Estados Unidos y Canadá.
Ese es el plan C del Presidente, esa apuesta a que, con ese mismo mecanismo tan poco claro, la Corte avale la militarización de la Guardia Nacional y próximamente los cambios electorales que podría mayoritear la bancada presidencial.
Desde el momento mismo en que los ciudadanos están indefensos de los ataques de su Presidente hay algo que no funciona. Pero el superlativo de los alcances autoritarios llega hasta la forma flagrante de torcer a opositores y ministros con un plan C de este régimen.
El plan C del Presidente apuesta a que, con un mecanismo poco claro, la Corte avale los cambios electorales que podría mayoritear la bancada presidencial.
