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Opinión

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Otro obstáculo para el aprovechamiento de las oportunidades del país: el crecimiento de la economía informal

El Inegi publicó las mediciones de la economía informal por entidad federativa, donde aparece el valor agregado bruto (VAB), es decir, el producto bruto de la economía informal. La participación de la economía informal de todo el país dentro del PIB muestra una caída casi continua desde 2009 hasta 2018, de 23.7% a 21.5%. Después empieza un periodo al alza sólo interrumpido en 2020, año atípico por la pandemia, hasta 22.9% en 2023.

El hecho de que más de la quinta parte del producto nacional viene de la informalidad es un problema.  Pero la escalada de los últimos cinco años es inquietante:  mientras que el PIB real general en todo ese periodo creció un magro 3.4%, la economía informal lo hizo en 10% y la formal en sólo 1.6%.

El avance de la informalidad dentro de la producción del país genera fuertes preocupaciones.  Una, quizá la más importante, es que se sabe que la informalidad detiene la productividad. Otra, relacionada, es que ello impide al país aprovechar significativamente la gran oportunidad de inversión y crecimiento por la relocalización de las cadenas de oferta (el nearshoring).

Tercero, la informalidad se debe en buena parte a la debilidad del estado de derecho.  El Inegi divide a la economía informal en el sector informal (el 54%) que se compone de “actividades económicas que realizan las empresas sin personalidad jurídica propiedad de los hogares” y otras modalidades de la informalidad (el 46%) que son actividades donde “los trabajadores que laboran en unidades económicas formales no cuentan con seguridad social ni prestaciones sociales…”.  Es evidente que una buena parte de las primeras ocupan ilegalmente el espacio público y que las “otras modalidades” son claras violaciones a la Ley.

También cabe señalar que la informalidad es particularmente elevada en regiones que han estado fuera del dinamismo económico que la apertura ha traído en décadas recientes, donde persisten altos niveles de pobreza, lo que no sorprende.  En este sentido destacan entidades como Chiapas y Guerrero, donde el porcentaje del VAB al PIB es 40%, Michoacán, 38% y Oaxaca 39%.

Esos estados, entre otros de mayor informalidad y pobreza, son los que necesitarían beneficiarse más de la relocalización, pero que aparentemente tienen menos posibilidades.   La política pública tendría que estar enfocada en aprovechar la oportunidad al máximo y rápidamente especialmente en esas regiones, pero nada de eso se ha visto.

La informalidad es un problema en muchos países y su solución es compleja.  Pero bien haría el gobierno federal en tomar acción al respecto urgentemente y con una estrategia seria.

Si la proporción de la economía informal continúa con al asenso de los años recientes, se sumará cada vez más a otras deficiencias como la inseguridad pública, el avance de las mafias, la falta de garantía de energía suficiente y la debilidad del propio Estado de Derecho, como obstáculos para aprovechar las grandes oportunidades que México tiene frente a sí, de inversión, crecimiento y creación de empleos productivos y bien remunerados.

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