Para alcanzar objetivos de la reforma judicial, se necesitará mucho dinero

Durante la conferencia de prensa de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, expuso en qué consiste la propuesta de reforma judicial emanada del propio Poder Judicial de la Federación.

La propuesta será presentada al Poder Legislativo por el Ejecutivo, en vista de que el Judicial no tiene la facultad de enviar iniciativas al primero.

Para empezar, Zaldívar acabó con los rumores que aseguraban que AMLO pretendía hacerse del control del Poder Judicial a través de una reforma constitucional que incrementaría el número de ministros que conforman la SCJN, que actualmente es de 11.

Así lo expresó: “En varias ocasiones el presidente, el consejero jurídico y yo comentamos que el Poder Judicial Federal no requería una reforma estructural. La conformación y el diseño constitucional de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal es adecuada (...) ahora una reforma que modifique la estructura de la Corte o del Consejo de la Judicatura podría atentar contra la independencia judicial y debilitar a la institución cuando lo que se requiere es un Poder Judicial fuerte, independiente, legitimado y prestigiado”.

Acto seguido, Zaldívar explicó a grandes rasgos en qué consiste la reforma:

1. “Fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial.

2. “Generar un nuevo perfil de jueces y juezas más cercanos a la gente, más capacitados y más sensibles, establecer una auténtica escuela judicial en la cual se vayan formando todos los cuadros del Poder Judicial federal, generando por primera vez una auténtica carrera judicial.

3. “Ir avanzando en la paridad de género para que tengamos más y mejores mujeres en más y mejores cargos.

4. “Establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, que logremos llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada...”.

Es indudable que deben abatirse la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual que desde siempre han existido en el Poder Judicial, y no sólo en el Federal, sino en el de cada una de las 32 entidades federativas. Habrá que estudiar ahora la propuesta y ver cómo la modifica y aprueba el Poder Legislativo para saber si será factible alcanzar cuanto antes el objetivo deseado.

Es un hecho que el país siempre ha necesitado más y mejores jueces para que exista una correcta y eficiente impartición de justicia. En este rubro y en el de la paridad de género hay un largo camino qué recorrer, ya que como lo anota el Índice Global de Impunidad IGI-MEX 2018, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP): “México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo (3.9 frente a 16 por cada 100,000 habitantes)”. Además se requieren defensores públicos bien capacitados. Para lograr este objetivo no sólo bastará el deseo, sino que se necesitará invertir mucho dinero para capacitar y pagar bien a juzgadores y defensores. Sin un buen presupuesto para ello, todo quedará en buenas intenciones.

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