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Para salvar a la democracia, hay que cerrar los paraísos fiscales
Pase lo que pase con el renminbi en 2023, el Banco Popular de China haría bien en mantener su política de negligencia benigna. El gobierno debe centrarse en el crecimiento y dejar que el mercado se ocupe del renminbi. La guerra en Ucrania ha puesto de relieve el peligro que las finanzas extraterritoriales representan para el orden mundial basado en normas
BERKELEY – La gente ha intentado evadir el pago de impuestos desde tiempos inmemoriales, pero la globalización ha convertido el fraude y la evasión fiscal, así como el lavado de dinero, en un modelo de negocios lucrativo. En las últimas décadas, paraísos fiscales offshore como las Islas Caimán, Bermuda, Chipre e Irlanda les han permitido a las corporaciones y a los individuos ricos esconder ganancias y patrimonio privado a una escala sin precedentes.
Si bien cuantificar el volumen de riqueza almacenada en paraísos fiscales offshore es ostensiblemente difícil, un documento de 2018 estimó que hay un equivalente al 10% del PIB mundial en jurisdicciones con bajas tasas fiscales. En los últimos años, filtraciones de alto perfil como los Panama Papers, los Paradise Papers y los Pandora Papers han arrojado luz sobre este sistema financiero en las sombras y sobre los esquemas de evasión impositiva que utilizan las élites empresariales y políticas del mundo. Cada revelación genera un protesta pública y demandas de reforma. Hasta el Papa Francisco declaró que la evasión fiscal es un pecado.
Al destacar el papel crucial que juegan los paraísos fiscales a la hora de apuntalar a regímenes autocráticos, la invasión a Ucrania por parte de Rusia ha subrayado la necesidad urgente de vigilar las finanzas offshore. Pero también ha ilustrado el poco progreso que se ha hecho al día de la fecha. En 2013, por ejemplo, la OCDE lanzó su iniciativa Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por su sigla en inglés), un paquete de reformas fiscales corporativas destinadas a garantizar que las empresas multinacionales paguen lo que les corresponde. Pero si bien 138 países se han adherido a la iniciativa, sus logros han sido modestos hasta el momento. Como observa un documento del 2020, el marco no logró introducir normas contables apropiadas, lo que lo privó de buenas herramientas para afrontar algunas de las formas más escandalosas de fraude y evasión fiscal corporativos.
Una razón para la falta de progreso es que BEPS y otros programas similares inevitablemente se topan con un problema de acción colectiva: para que las reformas fiscales sean efectivas, todos los países deben estar de acuerdo con ellas. Pero, mientras que algunos países quieren combatir la evasión fiscal, otros tienen un incentivo para atraer capital extranjero al reducir las tasas impositivas y hacer que el intercambio de información resulte más difícil. El hecho de que muchos países occidentales se hayan beneficiado de una riqueza ilícita durante años, al permitir que se la pudiera lavar a través de la compra de bienes raíces en ciudades como Londres y Nueva York, complica aún más las cosas. Como resultado de ello, los esfuerzos por promover una reforma fiscal global se han estancado.
Sin embargo, la batalla está lejos de haber concluido. En tanto las deudas públicas en alza y los crecientes déficits obligan a los gobiernos occidentales a buscar nuevas fuentes de ingresos, los paraísos fiscales son blancos obvios. De la misma manera, la indignación pública por las desigualdades de ingresos y de riqueza han ejercido una presión significativa sobre los responsables de las políticas para que combatan enérgicamente la industria de evasión impositiva offshore.
Pero la guerra en Ucrania es el verdadero punto de inflexión. Durante años, el presidente ruso, Vladimir Putin, y sus secuaces han recurrido a empresas fantasma en paraísos fiscales offshore para financiar su corrupción flagrante, su injerencia electoral, la subversión de las instituciones democráticas y la producción de propaganda y noticias falsas.
Los oligarcas rusos, desde hace mucho tiempo considerados títeres del régimen de Putin, han sido centrales en este esfuerzo, al utilizar fondos escondidos en varios paraísos offshore para fomentar las relaciones con extremistas de extrema derecha en Europa y Estados Unidos. Cuando el abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, pagó un soborno a la actriz de cine porno Stormy Daniels en 2016, se informó que la compañía fantasma que utilizó recibió más de 1 millón de dólares de una empresa vinculada al oligarca ruso Viktor Vekselberg. Y, en 2014, cuando el partido Agrupación Nacional de extrema derecha de Francia (por entonces llamado Frente Nacional) recibió un préstamo de 12 millones de dólares de un banco ruso, el fundador y ex líder del partido, Jean-Marie Le Pen, obtuvo un préstamo separado de 2.5 millones de dólares de una compañía offshore chipriota vinculada a un ex agente de la KGB.
Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, en febrero del año pasado, lo que se desestimaban como crisis aisladas han llegado a considerarse parte de un ataque sistemático a las democracias occidentales. En el transcurso de los años, los oligarcas de Putin han hecho un uso extensivo de las tenencias offshore rusas -que, según se calcula, prácticamente triplican las reservas oficiales de moneda extranjera del país- para financiar medios propagandísticos, grupos de expertos, políticos de extrema derecha y grupos radicales amigos del Kremlin.
Consternados por la agresión rusa, los gobiernos occidentales rápidamente impusieron sanciones a los aliados políticos de Putin: congelaron los activos de los oligarcas rusos y se apropiaron de sus yates y mansiones. Pero no hacen más que rascar la superficie. Si los gobiernos occidentales quieren protegerse a sí mismos y a otros de la interferencia rusa, deben seriamente combatir los paraísos fiscales offshore, que limitan la capacidad de los gobiernos occidentales de aplicar sanciones económicas. Y es crucial penalizar a las instituciones financieras que permiten esquemas de lavado de dinero como el Laundromat ruso, como han hecho, según se informó, el Meinl Bank austríaco y otros.
Algunos, entre ellos el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, han esgrimido el argumento de que Rusia debería cubrir parte de los costos de la reconstrucción de Ucrania que, actualmente, se calcula en más de 1 billón de dólares. Con este objetivo, la comunidad internacional podría usar la riqueza offshore de los oligarcas rusos. Además de congelar los activos pertenecientes al gobierno ruso y a las empresas de propiedad del estado, hay mucho dinero para la reconstrucción en Mayfair, Courchevel y Lago Como.
Al ilustrar el peligro que plantea el sistema financiero offshore para el orden global basado en reglas, la guerra en Ucrania brinda a los gobiernos occidentales una oportunidad única de alcanzar una tributación más justa, reducir la desigualdad, poner un freno a la corrupción y eliminar las amenazas a la estabilidad global. Si desaprovechamos esta oportunidad, pagaremos un precio muy alto -en ingresos tributarios perdidos, erosión democrática y vidas humanas-. Para parafrasear a Lenin, no debemos permitir que Rusia nos venda la soga con la que nos vamos a ahorcar.
El autor
Yuriy Gorodnichenko es profesor de Economía en la Universidad de California, Berkeley.
Ilona Sologoub es editora de VoxUkraine.
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