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Paso de exfuncionarios a la IP: México bloquea puerta giratoria
Ilustración EE: Archivo
¿Cuánto tiempo debe pasar para que un exfuncionario público pueda trabajar en el sector privado, en una empresa a la que haya regulado o supervisado? México es uno de los países más laxos, porque marca un plazo de espera de un año. Está a punto de convertirse en el más estricto del mundo. Serán 10 años, según establece la Ley Federal de Austeridad Republicana. Fue aprobada por el Senado el martes de madrugada.
No hay país desarrollado que obligue a sus exfuncionarios a un periodo de enfriamiento de 10 años. En España, Japón, Reino Unido y Países Bajos el tiempo de espera son dos años. En Estados Unidos y Canadá son cinco, de acuerdo con un excelente trabajo hecho por Gerardo Hernández, publicado en Factor Capital Humano y El Economista.
El establecimiento de un plazo en “la congeladora” es necesario para evitar o limitar al máximo los conflictos de interés de los funcionarios. Las buenas prácticas en materia de combate a la corrupción tratan de prevenir situaciones donde el funcionario toma decisiones que favorecen a una empresa que más adelante se convertirá en su empleador. Si el periodo de incorporación es muy corto, hay un riesgo adicional: el extrabajador del sector público podrá aportar información estratégica a la empresa que lo contrata, colocando en desventaja al mismo gobierno que lo debe regular o vigilar y también, por supuesto, a los competidores.
¿Cómo hacer que esta puerta giratoria laboral entre el sector público y el privado funcione bien? El establecimiento de un periodo de cuarentena no basta. La OCDE recomienda códigos precisos para regular el ingreso, tránsito y egreso de los funcionarios, además de fortalecer los organismos de control. Llama la atención que este organismo también incluye recomendaciones para el caso de ejecutivos del sector privado que van al gobierno. No es un asunto menor, por la puerta giratoria se pueden colar personas que aportan grandes conocimientos y capacidad al sector público pero representan la agenda y los intereses de una empresa en una oficina de gobierno.
¿Qué implicaciones tendrá que en México sea tan largo el plazo de enfriamiento de los funcionarios? La discusión y aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana en el Senado pasó casi desapercibida, quizá porque se dio horas después del festival de AMLO en el zócalo. Para que sus disposiciones entren en vigor, falta que la Cámara de Diputados apruebe esta ley en los términos que envió la Cámara Alta.
¿Por qué no bajar el enfriamiento a cinco años? Es previsible que una prohibición de una década quitará atractivo al trabajo en el sector público. La ley es durísima, aunque sólo se refiere a los mandos superiores, que son los que tienen más valor de mercado en el mundo de las empresas: secretarios, subsecretarios, oficiales mayores, directores generales y jefes de unidad.
Habrá también un escenario de litigiosidad, donde la Suprema Corte deberá pronunciarse. El Artículo 5 de la Constitución establece que a ninguna persona se le puede impedir dedicarse a la actividad que elija, mientras sea lícita. Quizá el escenario más negativo sea el de la simulación, donde exfuncionarios trabajarán para empresas a las que regularon, pero de manera discreta, y cobrarán a través de otras “fachadas”. Litigiosidad y simulación son riesgos, ¿es posible tener una puerta giratoria que no sea un “barco” pero tampoco un infierno?
lmgonzalez@eleconomista.com.mx
