Pemex, una bomba de tiempo para el próximo gobierno

Uno de los problemas críticos que enfrentará el próximo gobierno será Pemex. Como revelaron filtraciones recientes reportadas por Reuters, la situación de la principal Empresa Productiva del Estado es cada vez más delicada y representa un riesgo para el sector público y la economía mexicana.

Los problemas de Pemex no vienen de esta administración. Durante décadas, el Estado mexicano exprimió sus ganancias para evitar cobrar impuestos; esa fiesta se acabó. Pemex no es lo que era, con los grandes yacimientos –Cantarell y Ku Maloop Zaap– agotados debido a una explotación irresponsable o simplemente ya dieron de sí.

El memorándum del director de Pemex es preocupante. En él, pide al secretario de Hacienda una reunión urgente para abordar los pagos a proveedores y a un bono vencido de 1,100 millones de dólares. Pemex reportó en su último balance pasivos por 13,540 millones de dólares. Según la filtración de la semana pasada, a Hokchi se le debían 187 millones de dólares y a Baker Hughes, 308 millones de dólares. Al mismo tiempo, según su último reporte, Pemex tiene una deuda financiera a corto plazo de 30,000 millones de dólares, incluyendo los 1,100 mencionados. Aunque Pemex genera ciertos flujos, no tiene cómo hacer frente a estas obligaciones.

El problema es que para las calificadoras internacionales y los mercados, Pemex y el Estado mexicano están intrínsecamente vinculados. Tanto de jure como de facto, la deuda financiera de Pemex está ligada a la del Estado mexicano, así como a la de diversas entidades estatales. De facto, las entidades financieras internacionales están considerando el riesgo de Pemex para financiar o realizar transacciones con otras partes del Estado mexicano, como CFE. Además, de jure, muchos de los contratos de bonos que están en el mercado contienen cláusulas que establecen que, si una parte del Estado mexicano cae en default, se activarán penalidades. La semana pasada, Pemex pagó el bono por 1,100 millones de dólares, gracias a Dios, ya que, de no pagarlo, caeríamos en uno de estos escenarios.

Esta administración ha transferido a Pemex 1.3 billones de pesos y planea inyectar 456,000 millones de pesos adicionales en el presupuesto de 2024, donde también redujo la carga fiscal a través del Derecho de Utilidad Compartida –el impuesto que paga por cada barril de crudo que produce– a 35% habiendo iniciado el sexenio en 65 por ciento.

Este gobierno ha destinado una considerable cantidad de recursos a Pemex con la ilusión de restaurar su antigua gloria. A pesar de haber estabilizado la producción, hoy estamos con una cifra de 1.5 millones de barriles diarios, más 200,000 de condensados. Aunque se contempla una inversión adicional de 14,000 millones de dólares en Maloob, el último gran campo, las expectativas no son alentadoras. Según la IEA, la producción petrolera de México caerá 25% para 2028.

Con esta caída en la producción y la incapacidad de seguir refinanciando la deuda por las altas tasas de interés, la deuda de Pemex será insostenible. La única vía para el próximo gobierno es que el Estado mexicano asuma una gran parte de la deuda –ya es parte del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público– y la convierta en deuda soberana. Una vez aliviada esta carga financiera, será el momento de replantear el tamaño de la otrora empresa más grande de México y su papel en la economía del país.

Ni modo, durante décadas exprimimos a la gallina de los huevos de oro y ahora toca pagar la cuenta.