Programa Sectorial de Salud 2020-2024

El 17 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Sectorial de Salud 2020-2024 (PROSESA), derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) presentado el 30 de abril de 2019 y publicado en el DOF el 12 de julio de 2019, en el que se establecen los objetivos, estrategias y acciones a los que se deberán apegar las diferentes instituciones de la administración pública en los tres órdenes de gobierno a fin hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, así como un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

El PROSESA fue presentado siete meses fuera del plazo legal establecido para ello, sin hacer referencia explícita a las causas que motivaron su retraso, pues la pandemia por Covid-19 fue posterior al plazo que tenían. Ahora es más que necesaria su revisión para saber a dónde nos quieren conducir en dos vías: La normativa con la visión objetivo y la presupuestal para ver si llega al objetivo planteado.

En el PND se vislumbra en la política social “Salud para toda la Población”, como un objetivo de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública la inversión en infraestructura y servicios de salud, además del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi). Reformular el combate a las drogas. Dignificar las condiciones de salud de los reclusos. Servicios universales y gratuitos de salud.

Se comprometen a garantizar que hacia 2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos, mediante la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (1 de enero de 2020), que dará servicio en todo el territorio nacional a todas las personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE.

Se ofreció que todo ello se brindará en atención a los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural, trato no discriminatorio, digno y humano. El combate a la corrupción será permanente en todo el sector salud. Se dignificarán los hospitales públicos de las diversas dependencias federales. Se priorizará la prevención de enfermedades mediante campañas de concientización e inserción en programas escolares de temas de nutrición, hábitos saludables y salud sexual y reproductiva. Se emprenderá una campaña informativa nacional sobre las adicciones y, se impulsarán las prácticas deportivas en todas sus modalidades.

El PROSESA establece cinco objetivos “prioritarios” de los cuales se derivan 26 estrategias “prioritarias” y 201 acciones puntuales. Cabe señalar una redacción ambigua a nivel de metas con indicadores poco claros para saber si se llega al cumplimiento de los mismos, y cómo se desenvolverá el presupuesto para cumplir cada una de ellas.

Me referiré ahora al tema “medicamentos” en lo particular, vocablo que aparece 56 ocasiones utilizado como se usa al ajonjolí en todos los moles, pero sólo con una cosmovisión mágica cual si hubiese sido escrito por Juan Rulfo con toda su imaginación y con nada de realidad.

Un objetivo prioritario que garantizaría el suministro de medicamentos incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (no dice si todos o sólo unos cuantos), diciendo que se incluye (sin que se pueda encontrar) en este objetivo la estrategia y acciones puntuales relacionadas con la producción, precios y abasto oportuno de medicamentos e insumos para la salud, en el sentido de que la ampliación de las capacidades del sistema requieren implementar una serie de mejoras a la cadena productiva, preferentemente en el ámbito de la industria farmacéutica nacional como parte de la ampliación de la cobertura de cualquier tipo de padecimiento.

Con la subrogación a terceros (OPS/UNOPS) firmada antes de aparecer el PROSESA, dicho objetivo de ampliar las capacidades “preferentemente en el ámbito de la industria farmacéutica nacional” nació tres metros bajo tierra o incinerado dadas las costumbres ahora por la pandemia.

Delinean instaurar un sistema de control en tiempo real del ciclo de abasto de medicamentos e insumos y el mantenimiento preventivo de unidades de salud y el equipo. Será bueno saber quiénes lo manejarán en función de temas tan sensibles como la calidad y la vigilancia farmacológica de productos a los cuáles se les dará un “registro simplicado” en la COFEPRIS recién denigrada en los hechos a una ventanilla de recepción. 

De lo que el Insabi y las demás instituciones federales soliciten a la OPS y UNOPS, sabremos cómo se fortalecerán los mecanismos relacionados con la producción, precios y abasto oportuno de medicamentos, materiales de curación e insumos para la salud en beneficio de toda la población, especialmente de grupos históricamente discriminados y población en condición de vulnerabilidad.

Ya sabemos ahora que habrá opacidad dadas las reglas de los terceros en quienes el gobierno de Morena, por su incapacidad e incompetencia, han descansado la responsabilidad de las compras y centralizado ahora en un monopolio de estado, la distribución en gente que también será incompetente, dado que no son enchiladas.

De las acciones puntuales que se dice se tomarán, ninguna tiene una meta que pueda contrastarse en el tiempo, máxime que llevan ya 20 meses de gobierno. La única meta pseudopuntual es el porcentaje de recetas surtidas, medidas con una encuesta y que en su imaginación llegarán al 100% para el 2024.

Me conformo con saber en el futuro próximo si la reforma constitucional del bienestar tendrá otra reforma a la Ley General de Salud para no limitar el deseo de “Todos los Medicamentos para Todos los Padecimientos para Todos Los Mexicanos” sólo al segundo nivel de atención y ver el PEF (Presupuesto) que se presentará a más tardar el 8 de septiembre, un presupuesto proporcional en la realidad al mágico imaginado. Ya lo comentaremos estimados lectores.

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