Protección social: una cuestión de derechos

En la última década, los derechos económicos de las mujeres, como el derecho al trabajo y a la protección social, han atraído la atención internacional

Es indispensable que el Estado garantice los derechos económicos de las mujeres como estrategia para fomentar el empoderamiento económico de las mujeres.

Si bien es cierto que se ha incrementado la participación de las mujeres en el mercado laboral en México, todavía persisten marcadas diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a sus condiciones de trabajo, calidad en el empleo, pago de salarios y en la distribución de tareas de trabajo doméstico y de cuidados.

En el país, 43% de las mujeres participa en el mercado laboral formal comparado con 78% de los hombres, una de las cifras más bajas de América Latina; y, hoy en día, en México 60% de las mujeres trabaja en el sector informal. La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste en 16.5% por el mismo trabajo realizado. Estas diferencias limitan la participación de las mujeres en el trabajo remunerado y vulneran sus derechos económicos.

En la última década, los derechos económicos de las mujeres, como el derecho al trabajo y a la protección social, han atraído la atención de la comunidad internacional. Esto tiene que ver con el reconocimiento del aporte esencial de las mujeres a la economía, tanto en el trabajo remunerado como no remunerado.

Estos derechos humanos están plasmados en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que señala, entre otros elementos, la importancia de las licencias de maternidad y paternidad, y de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en los planes de pensiones.

Las políticas de protección social deben considerar que existe una exclusión desproporcionada de las mujeres de los regímenes de seguridad social existentes, ya que éstos se encuentran ligados al trabajo formal. Estas políticas son fundamentales para reducir la pobreza y la desigualdad de género y tienen un impacto en el empoderamiento económico de las mujeres, como, por ejemplo, los programas de transferencias condicionadas.

Las transferencias condicionadas son entregadas a mujeres y consideran acciones como atender a citas médicas; asegurar la asistencia de niñas y niños a la escuela y asistir a talleres de salud. La decisión de darle transferencias a las mujeres se basa en estudios de patrones de consumo que han demostrado que las mujeres invierten el dinero al interior de los hogares en alimentación, ropa y gastos de las niñas y niños.

Estos programas, al contrario de lo que se piensa, no fueron diseñados para beneficiar a las mujeres, sin embargo, sí incluyen acciones afirmativas como incluir mayor número de becas para niñas y han tenido un impacto en aumentar la capacidad de toma de decisiones de las mujeres; en su control de ingresos económicos en el hogar, y en su acceso a información y servicios de salud.

Ahora bien, si lo que se busca es lograr el empoderamiento económico de las mujeres, necesitamos entender que se deben considerar medidas integrales que complementen los programas de transferencias, así como evaluar los servicios que proveen desde una perspectiva de género. Estas medidas deben ser parte de una política de protección social mucho más amplia, que contemple acciones dirigidas a favorecer el acceso de las mujeres a un trabajo decente y políticas para el cuidado que redistribuyan el trabajo no remunerado.

Podemos retomar también el programa de becas Benito Juárez. Este programa otorga 800 pesos mensuales a estudiantes de educación media superior y se inscribe en la línea de programas sociales de combate a la pobreza emblemáticos. Será importante analizar desde una perspectiva de género este programa, así como contemplar acciones afirmativas para otorgar mayor número de becas a niñas.

Si queremos que México sea un país sostenible, necesariamente hablamos de un México que debe ser igualitario. En este sentido, es indispensable que el Estado garantice los derechos económicos de las mujeres como el derecho al trabajo y a la protección social, como estrategia para fomentar el empoderamiento económico de las mujeres y un elemento indispensable para alcanzar la igualdad de género.

*La autora es especialista en empoderamiento económico y coordinadora de programas de ONU Mujeres.