Que el engaño de las vacunas VIP no nos sea indiferente

Es cierto que si de algo adolece la sociedad argentina es de educación cívica, pero también es cierto que no se le puede exigir a la gente que, por ejemplo, conozca en profundidad el Código Penal. Para eso estamos los abogados y específicamente para eso están los profesores de derecho penal, uno de los cuales es nada menos que Alberto Ángel Fernández, trigésimo quinto presidente constitucional de la Argentina, y el vigésimo cuarto que posee título de abogado, suponiendo que también lo tenga su Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner).

Lo notable es advertir que, cuando los abogados se dedican a la política, en muchas ocasiones, aunque no necesariamente siempre, suelen olvidarse de los conocimientos jurídicos que poseían hasta entonces, o bien suelen ser víctimas de una extraña mutación en virtud de la cual adquieren exóticos métodos de interpretación jurídica.

Responsabilidades políticas y penales

El escándalo de la vacunación VIP que asuela al país desde hace unos días, ha generado diferentes niveles de responsabilidades políticas y penales en los personajes involucrados.

Por un lado, están los funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo que ejecutaron un sistema de vacunación paralelo al protocolarmente preestablecido, que incluyen al mismo Presidente de la Nación como responsable político de la administración general del país.

Por otro lado, los beneficiados con ese sistema de vacunación irregular, que pueden ser también funcionarios, como por ejemplo legisladores; y además están los conocidos de funcionarios que, buscando ventajas personales, lograron inocularse antes que aquellos que realmente lo necesitan, como el personal de la salud y mayores de 70 años.

Las responsabilidades políticas son evidentes para los funcionarios y legisladores.

En el caso de los integrantes del Poder Ejecutivo, merecen la remoción por parte del Presidente de la República, o en el caso de los ministros involucrados, además está la posibilidad de un juicio político por parte del Congreso.

En el caso de los legisladores que encontraron el atajo para vacunarse, han incurrido en una inhabilidad moral, que según la Constitución Nacional es motivo suficiente para que cada Cámara, con dos tercios de los votos de sus pares, los remueva del cargo (la de Diputados para los diputados, y el Senado para los senadores).

El profesor de Derecho y presidente, Alberto Fernández, ¿dijo que no hubo delito? ¿En serio?

Desde el punto de vista penal, aún cuando el abogado Presidente de la República, en su condición de profesor de derecho penal, haya manifestado que no ha existido delito alguno, conviene recordarle que existen las figuras de incumplimiento de los deberes de funcionario público y la de malversación de fondos públicos (que incluye la de los bienes públicos, vacunas en este caso, que se utilizan para fines diferentes a los preestablecidos: vacunar fuera del protocolo por ejemplo), en las que claramente han incurrido los funcionarios que ejecutaron el inmoral sistema paralelo de vacunación.

Además, claro está, existe una responsabilidad electoral cuya evaluación está en manos del pueblo mismo, que debería recordar aquel memorable tema de León Gieco, en el que le "pide a Dios" que lo injusto no le sea indiferente; que el engaño no le sea indiferente; y que si unos pocos pueden más que unos cuantos, que esos cuántos no lo olviden fácilmente, particularmente el día en el que deba renovarse, en octubre próximo, la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

*Profesor de Derecho Constitucional.

@fvlonigro