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Reforma judicial: agitación y volatilidad
El cierre del sexenio lopezobradorista, paradójicamente, se está registrando con una notable agitación social.
Y en paralelo, con una preocupante volatilidad en los mercados. En particular en la cotización del peso frente al dólar que, de acuerdo con algunos analistas, podría llegar a las 20 unidades e incluso elevarse más en los próximos días.
Son los últimos días del sexenio. Son días definitorios para la vida política y económica de México.
En éste último tramo, el candidato a la Presidencia de México que mayor número de manifestaciones, marchas y plantones realizó.
El Presidente de México que mayor cantidad de veces ha utilizado las plazas públicas, entre ellas, la más reciente, para su sexto y último informe, está observando una creciente inconformidad social y notoria oposición de los cuerpos colegiados y de trabajadores del Poder Judicial que está buscando ser transformado radicalmente.
Y al mismo tiempo, está en medio de sonoros truenos que presagian una tormenta de severas consecuencias en el ámbito económico.
Desde una mayor depreciación cambiaria, al deterioro de la relación comercial con EU y Canadá, hasta el debilitamiento extremo de las finanzas públicas y la probable degradación crediticia.
En las calles, las manifestaciones públicas, esta vez, no son de los partidos políticos de oposición, cuyo tamaño se ha reducido drásticamente.
Son manifestaciones de ciudadanos, estudiantes, trabajadores y jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial que ven un riesgo para la propia institución de impartición de justicia y para el propio sistema de división de poderes, la Reforma Judicial que pretende el Jefe del Ejecutivo.
La inquietud social ha tomado las calles en una oleada creciente.
Y con tono ascendente, cada vez son más las voces que se escuchan a coro, entre representantes gubernamentales, diplomáticos y dirigentes de organizaciones empresariales extranjeras y nacionales que advierten sobre el impacto negativo que tendría una Reforma Judicial como la que se quiere aprobar.
Ayer, la International Chamber of Commerce (ICC) (que representa a 45 millones de empresas en el mundo) y su Capítulo en México (ICC México) advirtió que la incertidumbre jurídica que podría derivarse de una politización del Poder Judicial no solo afectaría la confianza de los inversionistas; también generaría un contexto que lograría desencadenar arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano.
Por otra parte, varios días después de que el presidente López Obrador decidió poner “pausa” a los embajadores de EU, Ken Salazar y de Canadá, Graeme Clark, el diplomático estadounidense reiteró que la Reforma Judicial podría hacer mucho daño a la relación bilateral.
A pesar de todo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha insistido sobre la necesidad de aprobarla para poner fin a lo que califica como un sistema de corrupción en favor de los delincuentes de cuello blanco y criminales.
La Presidenta electa Claudia Sheinbaum defiende la Reforma Judicial.
Y los dirigentes de las bancadas del partido en el poder en las Cámaras de Diputados y Senadores se aprestan a cumplir con la oferta de hacer “un regalo” de fin de sexenio al Presidente.
Este 03 de septiembre del 2024, comenzó la cuenta regresiva para la aprobación de la controvertida e impugnada Reforma Judicial.
El proceso legislativo se realiza, en medio de un paro de labores histórico que, por mayoría (8 a favor y 3 en contra), decidió realizar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en solidaridad con los trabajadores del máximo tribunal.
La discusión de la reforma tuvo que cambiarse de sede, del Palacio de San Lázaro, al deportivo Magdalena Mixhuca por el plantón que realizaron los trabajadores del poder judicial.
En tanto que el recinto alterno fue blindado y sellado por policías y cadenas y candados para evitar el paso de estudiantes que se oponen a la Reforma Judicial.
El partido Morena prepara en ambas cámaras la aprobación “fast track” de la Reforma Judicial. Veremos.
Atisbos
Enorme preocupación provocó el decreto que publicó el Jefe de Gobierno, Martí Batres para modificar la Constitución de la Ciudad de México y dar prioridad al interés nacional sobre la propiedad privada. En redes sociales se observó un intenso debate entre quienes lo ven con máxima alarma y quienes lo minimizan. Dos preguntas al respecto: ¿Por qué si es un cambio tan menor e inocuo, para qué realizarlo? ¿El espacio para la interpretación que deja la nueva redacción, no va en contra del interés privado? Claro, son preguntas.
