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Reformas, los riesgos
De entre los distintos elementos de riesgo para la economía mexicana, sin duda alguna, el que prevalece es el Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un conjunto de elementos de riesgo ha estado presente en las últimas semanas:
1.- La preocupación por el elevado nivel del déficit fiscal de 6% y el compromiso del gobierno para reducirlo al 3-3.5%, sin una reforma fiscal de por medio;
2.- La fortalecida candidatura del expresidente Donald Trump y su discurso anti México;
3.- El riesgo Pemex, con su abultada deuda y el enorme y creciente apoyo que le está brindado el gobierno mexicano, en el contexto de notable debilidad en las finanzas públicas;
4.- La decisión de Elon Musk de posponer su inversión inicial de 5 mil millones de dólares y total de 10 mil millones de dólares, en México, hasta saber qué pasa en las elecciones de EU.
5.- El Plan C del Jefe del Ejecutivo para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso y con ella hacer cambios en La Corte, el INE, la formalización del control total de la Guardia Nacional, por parte del Ejército Mexicano.
El Plan C representa en pocas palabras, todo el poder para el Presidente de México y su partido hegemónico.
El presidente López Obrador, en su última jugada, heredará a su sucesora, la posibilidad de que cambie, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que nada, ni nadie, pueda evitarlo.
Lo dijo reiteradamente en sus conferencias mañaneras desde hace meses.
El mensaje fue claro y contundente. Pidió a los ciudadanos que votaran por el partido en el poder para lograr la mayoría calificada en el Congreso y poder hacer los cambios que permitan la elección de jueces, ministros y magistrados por votación popular; desaparecer al INE (al menos como lo conocíamos hasta hace poco) y; entregar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Aunque mediáticamente ha sido la Reforma Judicial la que mayor atención ha tenido, lo cierto es que las reformas al INE y a la Guardia Nacional, representan cambios preocupantes.
En cuanto se conocieron los apabullantes resultados de las elecciones del 2 de junio, al día siguiente, los mercados registraron aversión al riesgo, frente a la posibilidad de que el partido Morena alcanzara la mayoría calificada y las potenciales consecuencias de ello.
Durante varios días el tipo de cambio y el mercado de capitales, registraron nerviosismo y volatilidad.
A lo largo del tiempo, con altibajos, los mercados han respondido tanto a factores externos como a internos, pero con un sesgo notable respecto de lo que está ocurriendo en México.
Ocho días después de las elecciones, el área de estudios económicos de Citi Banamex, en uno de sus reportes, advirtió que aprobar las reformas propuestas por el gobierno lopezobradorista, sería el “error de septiembre”.
Tales reformas, apuntó, incluida la del Poder Judicial, debilitaría la democracia.
Además –señaló el equipo de analistas de la firma financiera– debilitaría estructuralmente las condiciones de arranque para el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum.
Las voces de los principales dirigentes empresariales, aunque con mucho más diplomacia, han advertido sobre los efectos negativos que tendrían las reformas para la vida democrática de México.
Por su parte, la agencia calificadora Fitch, luego de que en días pasados ratificó la calificación crediticia de México en triple B-, por encima del grado de inversión, con perspectiva estable, también advirtió que las reformas que propone el gobierno afectarían negativamente el perfil institucional de México.
Unos días después (23 de julio) emitió un comunicado en el que señaló que la Reforma Judicial puede afectar las inversiones y el entorno de negocios de las empresas no financieras, si su implementación impide la autonomía y calidad del sistema judicial.
Destacó su preocupación por el impacto “negativo” en el “apetito de inversión” en México por la eventual aprobación de la reforma judicial.
Los expertos en materia política y en el T-MEC han advertido sobre los riesgos al sistema democrático de México, la nulificación de la Corte como garante del sistema legal para las empresas e inversiones y la posible violación al T-MEC.
Desde el gobierno se minimiza y rechazan tales riesgos.
Por lo pronto, se observa que se está buscando aplicar una especie de “fast track”, para lograr la aprobación del Plan C.
El tránsito del gobierno saliente y el entrante parece que no será tan terso, como sería deseable. Al tiempo.
