Régimen de inversiones políticamente restringidas

Salvo por refinación, es difícil encontrar en México un subsector en energía donde el problema sea el exceso de infraestructura o inversión. En el mundo petrolero, la pausa indefinida de las rondas ya cumplió su cometido: de no ser por un par de CSIEEs nuevos, no hay nuevas inversiones privadas – sólo transacciones y avances en los pocos proyectos que subsisten. Respecto al sexenio pasado, la inversión total se ha colapsado. Las terminales de petrolíferos, famosamente expuestas al riesgo de intervención gubernamental, ya dejaron desarrollarse en serie. Sólo hay una nueva terminal de petroquímicos en desarrollo. Los ductos de gas para atender demanda nacional se cuentan con una mano y sobran dedos.

En el mundo eléctrico, el bajo margen de reserva que detonó las alertas críticas y apagones es resultado directo del freno político a la inversión privada en generación eléctrica. La discriminación en contra de la generación eléctrica por parte de los privados efectivamente se detuvo a nivel macro en los tribunales mexicanos. Pero la falta de permisos y certidumbre regulatoria también logró su cometido aquí. Las nuevas inversiones privadas ya se secaron casi por completo. Por más que se ha esmerado, lo que la CFE ha construido es apenas una fracción de lo que la industria en conjunto ha demostrado que puede desarrollar. Esto es triplemente cierto en generación renovable. En transmisión y distribución, monopolios del Estado mexicano, la CFE prácticamente no ha hecho nada, a pesar de haber documentado la fragilidad del sistema.

Bajo este contexto, de insuficiencia tan aritmética, muchos han concluido que el gobierno entrante tiene que cambiar su política. Si no quiere atorar su sexenio con escasez e inseguridad energética, no puede darse el lujo de mantener todas las restricciones políticas actuales. Las declaradas prioridades de la presidenta electa y su equipo de trabajo económico, en torno a sustentabilidad y nearshoring, alimentan sustantivamente esta hipótesis. Las declaraciones de un par de funcionarios del equipo de transición, coqueteando abiertamente con la idea de relanzar hasta las rondas petroleras, más.

Sin embargo, es difícil detectar compromisos concretos de la presidenta electa de suspender o siquiera transformar el régimen de inversiones políticamente restringidas. Es más, lo de los porcentajes del 54-46 en generación entre el Estado y privados – a pesar de toda la disrupción que generó y que en este sexenio sólo se logró cumplir con una transacción de 6 mil millones de dólares – ya dijo que se queda. Lo de absorber a los reguladores independientes va. La iniciativa que prohibiría el fracking hasta ahora parece que también. Aunque se habla de inversión privada y régimen mixto, no parece estar a discusión que primero van Pemex y la CFE.

Los no pocos que siguen explorando formas de invertir y desarrollar proyectos energéticos en México enfrentan una disyuntiva importante. ¿Van a inaugurar su relación con el gobierno entrante insistiendo en la necesidad de un cambio estructural que desencadene oportunidades sistemáticas, competitivas, recurrentes, de mercado? ¿Se van a gastar su preciadas primeras impresiones -el goodwill de las primeras citas- en insistir en la suspensión del régimen de inversiones políticamente restringidas?

¿O conceptualizarán y plantearán proyectos que se alineen plenamente con las restricciones políticas, ofreciéndole al Estado mexicano y sus empresas alternativas para solucionar problemas que persistirán mientras el régimen actual continúe?

Ambos casos distan bastante del óptimo, particularmente si en este último se toma en consideración la terrible incertidumbre que la reforma judicial genera. Pero parece que sólo uno va a resultar en proyectos desarrollados e inversiones ejecutadas. Ese modelo, de palomeo y alineación caso por caso, ¿será suficiente para atender los requerimientos energéticos de uno de los proyectos de desarrollo económico más ambiciosos de las últimas décadas?

@pzarater