SAT y RFC para mayores de 18 años: vigilancia para satisfacer a Big Brother

La idea de que todos los mayores de 18 años en México cuenten con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es mucho más que la simple búsqueda de un control fiscal de las autoridades tributarias sobre los ciudadanos. Obligar a todos a tener un RFC forma parte de los esfuerzos del Gobierno federal de construir una matrix para la vigilancia masiva e indiscriminada, en línea con el registro digital de ciudadanos que impulsa la Secretaría de Gobernación y de la construcción de un padrón nacional de datos biométricos de usuarios de telefonía móvil.

Los pasos para construir ese entorno de hipervigilancia se han dado paulatinamente. El gobierno de la llamada “cuarta transformación” —el eslogan del presidente Andrés Manuel López Obrador para identificar a su administración— ha dado muestras de enorme creatividad para superar las ideas y legislaciones de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto.

No sólo eso: los colaboradores de López Obrador son tan persistentes y reiterativos como el propio presidente y no pierden la esperanza de poner un ojo encima de todos los ciudadanos. Aquí no se espía, aquí no se espía, repite una y otra vez el Presidente, al mismo tiempo que sus colaboradores en los Poderes Ejecutivo y Legislativo avanzan leyes, normas y políticas públicas de control y vigilancia.

La Cámara de Diputados aprobó la propuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de incorporar a sus bases de datos a todos los mayores de 18 años, no como futuros contribuyentes, sino dentro de un plan general de control político y social. El año pasado, el SAT pidió que le aprobaran un plan de fiscalización de la vida privada y la intimidad de los ciudadanos con el registro fotográfico de los domicilios fiscales durante las revisiones de inspección fiscal. Por suerte la propuesta fue rechazada en el Congreso.

Pero ese año el SAT sí logró pasar otra aberración relacionada con el control y la vigilancia: la de crear un negocio de verificación de la identidad de usuarios de servicios privados con los datos biométricos que por obligación entregamos al SAT: huellas dactilares, iris y rostros de millones de ciudadanos mexicanos.

Entre las iniciativas que dejó en herencia la ministra Olga Sánchez Cordero al abandonar la Secretaría de Gobernación (el ministerio de política interior de México) está la de crear un padrón de identidad nacional e incluso se trabajó una propuesta de reforma legislativa.

El lector memorioso recordará el escándalo de enero de 2020 cuando la secretaría de Sánchez Cordero exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) que le entregara una copia de la base de datos de ciudadanos que tiene esta oficina encargada de organizar las elecciones. Al final esa entrega no se produjo, porque sin contar con el consentimiento de los ciudadanos iba a constituirse en una violación de la ley de protección de datos personales.

Esas iniciativas quedaron en el tintero y el Gobierno mexicano buscó a los expertos del Banco Mundial —¿una institución del neoliberalismo perverso?— para analizar la creación de un “Sistema Nacional de Identidad Digital de México para Facilitar la Inclusión”, en los hechos un sistema de identificación digital con datos biométricos. Y en esas estamos.

En la llamada “cuarta transformación” nada es casualidad. La obligación de que todos los mayores de 18 años cuenten con el RFC dará mejores argumentos de venta al negocio de verificación de identidad del SAT, con un potencial de 94 millones de registros de personas vivas, pero sobre todo será un nuevo ladrillo en la construcción del pretendido sistema de identificación ciudadana aportando los insumos que tanto busca el Gobierno de López Obrador.

La iniciativa sobre el RFC aprobada en Diputados pasará al Senado. Esperemos que ahí sí exista cordura y se bloquee esta nueva intentona de control y vigilancia.