Seguridad privada

En las últimas tres décadas, el crecimiento de las empresas privadas dedicadas a la vigilancia personal y la protección de activos físicos ha sido exponencial. De la custodia de valores a la seguridad, con especialidad en la negociación y rescate, en muchos casos. Y más recientemente, en la ciberseguridad.

A finales de los noventas del siglo pasado llegaron a México expolicías de agencias estadounidenses. Después, exoficiales colombianos. Y firmas españolas. En la última década, empero, ese ramo ha crecido gracias a inversionistas mexicanos, asesorados por exintegrantes de las Fuerzas Federales, enfocados a la videovigilancia de viviendas, comercios y edificios públicos. La desaparición de la Policía Federal es un fenómeno reciente que generó una sobreoferta de mano de obra.

Sus actividades están normadas por la Ley de Seguridad Privada y su reglamento, de cuya aplicación es competencia de la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez. En el 2020, había 1,621 empresas en todo el país —de las cuales, 1,186 brindaban servicios en dos o más entidades federativas— que concentraban a 127,516 elementos.

La dirección encargada de monitorearlas —que entonces tenía a Manuel Espino al frente— apenas pudo verificar a 350 de ellas. Sólo una quinta parte del universo susceptible de verificación. De ésas, 47 están ubicadas en la Ciudad de México y 83% no cumplían con las disposiciones legales. En el Estado de México se verificaron 13 empresas y nueve incumplieron sus responsabilidades, mientras que las ubicadas en Michoacán (2), San Luis Potosí (3) y Veracruz (2), no pasaron la supervisión.  A escala nacional, el incumplimiento fue de 82.1% de los casos.

Entonces, Alfonso Durazo Montaño estaba al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y apenas presupuestó 50.5 millones de pesos (0.1% del monto sectorial) a la regulación de los servicios de seguridad privada. Al final de ese año, de acuerdo a la Cuenta Pública 2020, esa área ejerció 41.9 millones.

Entre el 1 de agosto del 2019 al 31 de julio del 2020, la SSPC otorgó 227 autorizaciones; 673 revalidaciones; 137 desechamientos de autorización y 86 empresas fueron sancionadas.

Sobre su operación y actualización ha constancia Registro Nacional de Empresas, que en el 2020 tenía 863 empresas activas con 126,383 empleados de carácter administrativo, directivo y operativos. En cuanto al equipamiento, se registraron 3,989 aparatos electrónicos, 52,910 armas, 108 canes, 30,320 fornituras, 46,989 radios, 101,666 uniformes y 10,380 vehículos terrestres.

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada reporta más de 700,000 fuentes de empleos, directos e indirectos, en esta industria y se ha pronunciado a favor de regulador con conocimiento, eficiente y eficaz. En lugar de Espino Barrientos —quien hace dos meses renunció— la secretaria Rodríguez designó a Ignacio Hernández Orduña como nuevo titular de la Dirección de Seguridad Privada de la SSPPC.

Ahora sólo falta que el Pleno del Senado de la República sancione la nueva Ley en la materia. Hace dos años, la Cámara de Diputados aprobó la minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción —XXIII Bis— al artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de seguridad privada, que establece el nuevo marco de acción para la instancia encargada de autorizar y regular a los prestadores de servicios en todo el territorio nacional, así como las reglas de coordinación entre los prestadores y las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno.

También están pendientes los lineamientos en materia de protección marítima y portuaria para las empresas de seguridad privada.

Efectos secundarios

ASEDIADOS. Las narcomantas contienen un mensaje inapelable para Cuauhtémoc Blanco. Y peor, la camioneta repleta de cadáveres estacionada frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas, justo cuando David Monreal traspasó la frontera de los 100 días como gobernador de aquella entidad. Al morenista no le bastan las relaciones fraternales o su apego a la familia presidencial, a través de la súper delegada, Verónica Díaz Robles, para definir una postura contra las bandas delincuenciales que atemorizan a la población.

RESPUESTA. Tras de los señalamientos del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, contra la comunidad médica del país, la Asociación Mexicana de Laboratorio Farmacéuticos, que dirige por Juan de Villafranca, formuló un deslinde tajante y sostuvo que la persistencia en el desabasto de medicamentos en las instituciones federales del sector salud está originada por una política pública que ha demostrado estar errada "por no tomar en cuenta a actores del sector que podemos a ayudar a aliviar al desabasto". "Se viven momentos que se puede agravar más" esta problemática —sostiene— "nuestro ánimo lograr una coordinación con las dependencias federales para abatir las claves desiertas que provocan desabasto en farmacias y ocasionan severos problemas en la salud de los mexicanos y particularmente en quienes tienen menos recursos".