Servir al pueblo

Cuando una empresa considera canalizar recursos para invertir en un determinado proyecto, lo primero que tiene que hacer es una evaluación del mismo. En este proceso entran en consideración diversos factores, entre los que destacan: el monto a invertir, las posibles fuentes de financiamiento y su costo, la estructura del mercado en el cual operaría (número y características de otras empresas contra las cuales competiría), número y características de los potenciales compradores, existencia de proveedores de diferentes insumos que se requerirían en el proceso de producción, costo de esos insumos, la infraestructura existente (en el lugar en el cual se llevaría a cabo el proyecto así como vías de comunicación y transporte), cantidad y características de la mano de obra (el capital humano que posean) así como la estructura y nivel de sueldos y salarios.

Con base en todos estos factores, la empresa hace un estimado de los potenciales flujos futuros de ingresos netos que, traídos al presente con la tasa relevante de descuento, arrojan el potencial valor presente neto del proyecto. Si este es positivo, el proyecto es, en principio, rentable es decir, arrojaría una utilidad neta para los accionistas durante la vida del proyecto. Si por el contrario, el VPN es negativo, el proyecto se descarta.

En la evaluación que se hace del proyecto, también entran en consideración dos elementos institucionales. El primero son las reglas del juego bajo las cuales operaría la empresa (el marco legal y regulatorio) y la carga burocrática para cumplir con tales reglas (incluyendo la transparencia y potencial corrupción bajo la cual se administra ese marco regulatorio para la obtención de los diferentes permisos y licencias). El segundo elemento es la confiabilidad de un arbitro independiente e imparcial (el poder judicial) que resuelva cualquier litigio derivado de posibles violaciones a los diferentes contratos, sea con el gobierno, con proveedores o con clientes. Un marco institucional con reglas eficientes y transparentes y que no están sujetas a ser modificadas arbitrariamente es, por sí mismo, un ambiente amigable que incentiva la inversión; uno hostil, la desincentiva.

Si la empresa decide llevar a cabo el proyecto, invirtiendo en capital físico, empleando mano de obra y pagando salarios, demandando insumos de diversos proveedores y produciendo un bien que los demandantes están dispuestos a adquirir, dado el precio y la calidad, eso no solo beneficia a los accionistas quienes obtienen una utilidad, sino también le genera un beneficio al pueblo: hay un aumento del empleo y del ingreso familiar y disponen de una mayor diversidad de bienes entre los cuales elegir.

Tanto el presidente López Obrador como su fiel escudero Manuel Bartlett han argumentando, tratando de vender su propuesta de reforma eléctrica, que las empresas privadas que generan electricidad solo tienen como objetivo obtener ganancias, que no tienen como objetivo beneficiar al pueblo y que, por lo tanto, todo el sector eléctrico nacional tiene que ser manejado por el gobierno a través de un organismo gubernamental que opere como un monopsonio en la adquisición de electricidad y como un monopolio en su transmisión, distribución y venta. Obviamente su argumento es falaz.

Las empresas que invirtieron para generar electricidad, independientemente de la tecnología que utilicen (ciclo combinado, eólica o solar) hicieron una evaluación del proyecto y, dadas las reglas del juego, llevaron a cabo su inversión esperando, naturalmente, obtener un rendimiento; no son, ni deben ser, “hermanitas de la caridad”.

¿Sirven con ello al pueblo? Obviamente si. Su inversión generó riqueza, generó empleo e ingresos. Pero más allá; al generar electricidad a un costo significativamente menor que la CFE y más amigable con el medio ambiente, la economía en su conjunto, el pueblo, se benefició. Darle el monopolio a la CFE, una empresa notoriamente ineficiente, por el contrario, lo perjudicaría.

La reforma no puede ser aprobada; el pueblo sería el perdedor.

Twitter: @econoclasta