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Silencio empresarial
Frente al discurso y las acciones del gobierno mexicano, ha sido más que evidente el silencio de los empresarios de México.
Han sido muchas y muy graves las decisiones que desde el gobierno, han dañado los intereses económicos particulares de las empresas.
Desde el primer “manotazo” que dió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hasta la reciente ocupación temporal de una parte de la concesión de Ferrosur, subsidiaria de Grupo México y el enturbiamiento y el fracaso de la venta directa de Banamex y el consecuente anuncio de su colocación en el mercado de valores.
En paralelo, ha sido evidente el creciente signo estatista gubernamental, que parece aumentar conforme se acerca el final de la administración.
Tanto como la concentración de actividades otrora privadas ahora en manos de las instituciones armadas: el ejército mexicano y la marina nacional.
Frente a todo ello, los más poderosos empresarios y sus principales organizaciones, desde el Consejo Mexicano de Negocios hasta el Consejo Coordinador Empresarial y el resto de las cúpulas, ha sido el mutismo. Han sido esporádicas, sectoriales y contadas las voces del sector privado que han apuntado hacia lo que parece obvio: el gobierno mexicano está desplazando, como en el caso del sector de la construcción, al sector privado.
Y, en general, con el discurso oficial y acciones ejercidas, se está afectando al Estado de Derecho.
Implícitamente, se está poniendo en riesgo, un elemento fundamental para las inversiones privadas: la confianza y la seguridad jurídica.
En ese contexto, resulta altamente interesante el más reciente análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
El think tank del sector privado dice que las empresas privadas deben contar con seguridad jurídica.
Y pide que el Estado se abstenga de realizar terminaciones o expropiaciones arbitrarias no contempladas en los contratos. Es fundamental que el discurso oficial cambie a fin de crear un ambiente de certidumbre.
Más allá del discurso –subraya–, es necesario, indispensable, fortalecer el estado de derecho, cuyo debilitamiento disuade la inversión al no generar reglas del juego seguras y que ha dado pie a la ilegalidad y a la inseguridad pública, lo que representa altos costos para la economía.
El CEESP recuerda que el sector privado, es un aliado natural del gobierno.
Como en otros países con economías de mercado, en México la principal fuente de riqueza, crecimiento y generación de empleos se concentra en la actividad del sector privado.
El CEESP refiere datos contundentes. La participación del sector privado dentro del PIB nunca ha sido menor a tres cuartas partes del total nacional, incluso en los momentos más álgidos por los que ha pasado la economía, incluyendo el periodo de estatización de empresas y las fuertes caídas causadas por crisis económicas como la de la pandemia por Covid.
El 84.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2021 tuvo su origen en el sector privado, quien en 2022 llevó a cabo el 87% de la inversión total y así originó casi una tercera parte del crecimiento de ese año.
De acuerdo con el Censo Económico más reciente (2019) el 83% del empleo se concentró en las empresas privadas, que representan el 94% del total en el país.
El CEESP recomienda que para que el sector privado continúe como el principal generador de crecimiento es indispensable un ambiente de negocios en el que las empresas, nacionales y extranjeras, vean un ambiente claro para invertir.
Además de generar la mayor parte del producto, la inversión y el empleo de manera directa, las empresas del sector privado contribuyen a la hacienda pública de manera preponderante, lo que permite al gobierno llevar a cabo las actividades que le corresponden. Alrededor del 60% de la recaudación tributaria total viene de las empresas privadas.
Y ante el lanzamiento del Corredor Interoceánico y el uso de la figura de las Asociaciones Público Privadas advierte que la clave de éxito de este tipo de proyectos es que se logre una asignación eficiente de todo tipo de riesgos entre ambos sectores.
El mensaje del CEESP es claro. Sin estridencias, dice exactamente lo que más requiere hoy el sector privado: respeto al Estado de Derecho y a la inversión privada.
