Sin ética ni justicia

La permanencia de la ministra Esquivel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pese a las pruebas de plagio encontradas por la UNAM es la punta del iceberg de un poder judicial carente de ética para el cual la palabra justicia no parece ni ser “primera virtud de las instituciones” (Rawls) ni seguir el principio de “dar a cada quien lo que le corresponde”. Al mismo tiempo que la presencia en la SCJN de quien ya no tiene “buena reputación” pone en cuestión a este cuerpo colegiado, mina su autoridad moral y puede limitar su capacidad de preservar el equilibrio entre poderes y de corregir los vicios del sistema de justicia, éstos, a su vez, explican en parte este encumbramiento y la aparente aceptación de un “hecho consumado” (dado el silencio de los demás integrantes de la Corte).

Si ya el estado de la justicia en México era lamentable y  no siempre los ministros y ministras habían votado con apego a un ideal de justicia (como en el caso de Lydia Cacho), la mancha que supone que una de sus integrantes plagie y recurra a falsedades para defenderse choca con las expectativas y urgencias de una sociedad que una y otra vez ha demandado que las leyes no queden en letra muerta, que las determinaciones del sistema judicial no favorezcan a quien tiene poder político o económico, que cumpla con la función de castigar a quien dañe a otros, de contribuir a reparar ese daño y de garantizar la no repetición. Si en un caso evidente de falta de ética la SCJN calla, ¿qué podemos esperar de agentes del ministerio público, jueces y funcionarios/as acostumbrados a la negligencia o la complicidad con agresores? ¿Podemos desconfiar de la SCJN y creer en jueces y fiscalías? 

¿Quién enderazará los entuertos que dañan a quien busca justicia e indignan a la sociedad? ¿A qué sentido ético podemos apelar ante injusticias de funcionarios menores cuando en la Corte no parece sólido? Hacer esta pregunta no implica cuestionar a todos los integrantes de la SCJN sino recordar que un edificio con un pilar dañado es endeble. Tampoco implica justificar las corruptelas e injusticias que se cometen en fiscalías y juzgados sino preguntar(se) cómo vamos a salir de este pantano.

En efecto, si la autoridad moral de la máxima instancia del poder judicial está mellada, la de éste en su conjunto es una red de agujeros. En días recientes hemos corroborado que la “justicia” en México se compra y manipula. Hay jueces cómplices de hombres poderosos, como lo demuestra el caso de María Elena Ríos, a cuyo agresor acaba de dejar libre un juez en Oaxaca. Pese a la gravedad de un ataque con ácido, al dolor que conlleva, el sistema (no una sola persona) se esmeró en dilatar la justicia más de tres años para al final negarla: ¿por qué puede seguir su proceso en libertad quien ha pagado por infligir un daño atroz? Este tipo de aberración sucede también en otros estados en casos de intento de feminicidio, feminicidio, violación y actos de violencia sexual contra niñas/os. ¿Dónde quedan los principios de justicia o la ética?

Tampoco en casos de desaparición se hace justicia. En diciembre desaparecieron tres mujeres y un hombre en Zacatecas, su familia presentó una denuncia. Sólo un mes después los encontraron, ya asesinados. En algunos casos mediáticos sí se encuentra con vida a la persona desaparecida, como en el caso de  María Ángela Olguín, desaparecida en Indios Verdes.  Esto no basta. No todos los casos se viralizan. Otras chicas han desaparecido en el metro. Hace tiempo se hicieron “operativos”. ¿Por qué no se mantuvieron? ¿Quiénes protegen o toleran posibles redes de trata? ¿Quién castigará tanta negligencia?

Hacer justicia es castigar, reparar y también prevenir. Sin ética y sin principios de  justicia  el poder judicial acabará siendo sólo una máquina de impunidad y violencia.