¿Sin medicinas? Cómo enfrentar el desabasto en nuestro país

El desabasto de medicamentos en México existe, y se ha agudizado en los últimos años. Así lo muestran los datos oficiales que analizó el bien organizado colectivo ciudadano Cero Desabasto en su Mapeo del Desabasto de Medicamentos. La conclusión del estudio es demoledora: las autoridades subestimaron la complejidad de la cadena de acceso a los medicamentos, cambiaron los procesos de adquisición y distribución de manera atropellada y poco estructurada; y han afectado a la población general de todos los estados de la república y de múltiples necesidades de atención médica, desde pacientes oncológicos, diabéticos y psiquiátricos, hasta personas con órganos trasplantados ó niños y bebés sanos en necesidad de aplicación de vacunas.

Con base en datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el aumento de recetas no surtidas comenzó en 2019 cuando la institución no surtió completamente 5 millones de recetas; en 2020 fueron 15.8 millones; en 2021, 22 millones y, con cifras a agosto de 2022, la cifra acumulada ya iba en 9 millones recetas. Es importante dimensionar lo que esto implica para las familias. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, la participación del gasto en medicamentos (medicamentos recetados, sin receta y material de curación) representó el 28% del gasto en cuidados para la salud. Sin embargo, para 2020, debido a la pandemia por COVID-19, las familias gastaron 40.5% más en salud con respecto a lo que gastaron en 2018 en el mismo rubro, resultando más afectadas aquéllas ubicadas en el primer decil poblacional –las más pobres–, que aumentaron su gasto en medicinas hasta en un 68%.

La actual administración ha culpado una y otra vez a los gobiernos pasados por el desabasto de medicamentos. Argumenta corrupción y un modelo ineficiente de compra y distribución de medicamentos, lo que es parcialmente cierto. Sin embargo, el gobierno federal no ha logrado resolver el problema ni ha fincado realmente responsabilidades; al contrario, la situación se ha agudizado.

Recordemos que en ese año 2020, el presidente López Obrador realizó modificaciones estructurales al sistema de abasto de medicinas. Primero, encargó fallidamente la compra consolidada de medicamentos a la UNOPS –la oficina de las Naciones Unidas encargada de asistir a países desarrollados en labores humanitarias–, lo que provocó retrasos en la entrega de los medicamentos, falta de transparencia y rendición de cuentas en el proceso de adquisición, altos costos y calidad dudosa de los medicamentos adquiridos. Ese año, también promovió reformas administrativas que implicaron para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) una degradación administrativa que la obligó a modificar su status a una ‘dirección’ de la Secretaría de Salud dependiente del subsecretario López Gatell. La Cofepris ha promovido inspecciones a las plantas de manufactura local que, hasta hoy, han resultado en la suspensión de actividades productivas por presuntos incumplimientos a las normas oficiales. Si bien la labor del Estado es realizar un trabajo eficaz de regulación e inspección, preocupa que –como sucedió con el combate al robo de combustible–, por sancionar a unos, se produzca escasez en el abasto en perjuicio de los pacientes.

Más inteligente hubiera sido seguir la política de la Cofece de investigar y sancionar a los proveedores de medicamentos sin romper las cadenas de valor, que son el principal motivo del desabasto. Según los reportes de dicho órgano, sus intervenciones en el sector han sido constantes. De 2017 a 2020 ha sancionado a empresas proveedoras de insumos para la salud por coludirse –el delito más grave en materia económica tipificado en el Código Penal Federal– en licitaciones públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al grado de iniciar querellas contra personas que pudieron participar en acuerdos colusorios en diversos mercados de condones, sondas, guantes y cepillos dentales. En mayo de 2016, inició una investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos en el territorio nacional, según las categorías de medicamentos señaladas en la Ley General de Salud.

La Cofece concluyó que sí existía evidencia suficiente para acreditar una colusión que generó un daño a las familias mexicanas, particularmente a las de menores ingresos, quienes en 2014 gastaban aproximadamente 24 mil millones de pesos en la compra de medicamentos recetados, medicamentos sin receta y material de curación. Así, estimó que las conductas sancionadas provocaron un daño al bolsillo de los mexicanos de más de 2 mil 359 millones de pesos. Según información pública, la Cofece acreditó la realización de tres conductas anticompetitivas en el mercado de distribución, y como resultado, la autoridad de competencia económica identificó que los distribuidores Marzam, Casa Saba, Fanasa, Nadro y Almacén de Drogas y 21 personas físicas establecieron condiciones comerciales para las farmacias con base en acuerdos colusorios que implementaron desde el año 2006, que tenían el fin de restringir el abasto y fijar, manipular e incrementar el precio de los medicamentos distribuidos. La Cofece aplicó la máxima sanción posible, equivalente a multas que en conjunto ascendieron a 903.5 millones de pesos, e inhabilitó a diversos directivos de las empresas sancionadas para ejercer como consejeros, administradores, directores, gerentes, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados. Lo anterior, derivado del análisis del dolo, la intencionalidad y el tiempo de cada persona que participó en la conducta.

El mercado de medicamentos es relevante por su incidencia en la salud y en la vida, tanto de las personas como en la economía nacional. Por lo que, es urgente que se restablezcan las cadenas de suministro del sector, independientemente de ideologías o colores partidistas. Quizá, con la llegada de una nueva presidenta en la Cofece, –quien, por cierto, fue nombrada en el Senado por unanimidad y goza de legitimidad–, sea posible para las instituciones coordinarse mejor. Cosas buenas podrían surgir si la Cofece y la Cofepris trabajaran en equipo. Es urgente abrir espacios para el diálogo con la iniciativa privada y actores relevantes, como los colectivos de pacientes y las asociaciones de médicos, que hasta ahora han demostrado mucho interés en que el problema del desabasto se solucione, y que han podido construir una efectiva capacidad de organización para ejercer su derecho a la participación ciudadana.