Sucesión adelantada: burla a la ley electoral

El Consejo Nacional de Morena aprobó el pasado domingo un acuerdo que regula el proceso de selección de su candidatura presidencial para las elecciones de 2024. Quien gane será designado “Coordinador de la Defensa de la Transformación”; un cargo informal que ostentará hasta que inicie el periodo de precampañas, a mediados de diciembre.

Entonces se convertirá en precandidato presidencial único de la coalición encabezada por Morena e integrada además por PT y Partido Verde. Más adelante, cuando inicie el periodo de campañas, la Coordinación de la Defensa de la Transformación completará su metamorfosis en candidatura presidencial; una mera formalidad, porque desde el 6 de septiembre en los hechos Morena tendrá su abanderado.

El acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena es la muestra más reciente de la sumisión del partido a la voluntad de López Obrador. Apenas unos días antes, el político tabasqueño había convocado a sus corcholatas –los aspirantes oficiales a sucederlo– a una cena para comunicarles las reglas a las que se sujetarían en la búsqueda por la candidatura presidencial. Luego, el Consejo Nacional las aprobó a ciegas, tal cual se filtraron a los medios de comunicación días atrás.

Morena es una invención de López Obrador, quien lo creó para llegar a la presidencia de la República después de dos intentos fallidos.  A nadie sorprende que siga siendo su dueño y señor. Pero, que el presidente de la República haga a un lado la Constitución y la ley para organizar su sucesión no puede considerarse un asunto interno de su partido político, ni debería verse con normalidad.

Las disposiciones legales que regulan la selección de candidatos no son un mero formalismo; buscan evitar que los aspirantes, particularmente del partido en el gobierno, ganen una ventaja indebida, al mismo tiempo que ponen controles a la corrupción política tanto por desvío de recursos públicos, como por aceptación de donaciones privadas a cambio de generosos contratos.

Las reglas aprobadas por Consejo Nacional de Morena se saltan estas disposiciones. Primero, adelantan cinco meses la selección de quién en los hechos será su candidato presidencial, proceso que ahora empezará el 12 junio en lugar de la tercera semana de diciembre, como dice la ley. Cuando el INE ni siquiera ha aprobado el calendario del Proceso Electoral Federal 2023-2024, Morena estará celebrando sus propias “precampañas”.

Para consumar el madruguete, Morena anunciará el resultado “inapelable” de su proceso interno dos meses y medio antes del inicio formal de las precampañas. Las corcholatas, además, quedan obligadas a renunciar al derecho de recurrir al Tribunal Electoral para denunciar irregularidades. Así, el oficialismo tendrá a su candidato presidencial bien posicionado, cuando quienes respeten la ley apenas empiezan el proceso interno de selección.

El acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena contempla un periodo de casi 70 días para que las corcholatas lleven a cabo “recorridos de trabajo”. Les autoriza realizar gastos publicitarios y propagandísticos, con austeridad y sin derroche; así como la organización de eventos en los que se privilegie “el contacto con la gente y las asambleas informativas”.

Esto último constituye un desafío descarado a la Constitución y la ley. Los actos anticipados de precampaña y campaña, bajo la forma de propaganda o eventos proselitistas, están prohibidos. Además, su realización contraviene las normas que buscan la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos empleados en los procesos internos de los partidos políticos.

Al adelantar la selección de su candidato presidencial, Morena en los hechos se desentiende de la obligación de informar a la autoridad electoral sobre el origen y destino de los recursos de las corcholatas. También elude los instrumentos de fiscalización del INE, que se despliegan una vez que inicia el periodo de precampañas.

No sabremos quién financia los espectaculares, bardas y recorridos de trabajo de las corcholatas, ni a cambio de qué. López Obrador y Morena apuestan a que, en el peor de los casos, el INE y el Tribunal Electoral se limitarán a imponer sanciones menores. Hasta ahora, los resultados les han confirmado que ponerse por encima de la ley paga.

*Profesor del CIDE.

Twitter: @BenitoNacif