T-MEC y el autosabotaje anunciado

Por más de un año, en incontables ocasiones escuchamos al presidente López Obrador sostener que el T-MEC será el motor que sacará a la economía nacional adelante ante la contracción que implicó la pandemia de COVID-19 y su cuestionada gestión a nivel nacional.

Si bien esta visión es atinada en cuanto al potencial del nuevo tratado para hacer de México un actor competitivo en la economía global, en Palacio Nacional parecen haber olvidado que el éxito de su implementación esta fuertemente ligado a la certidumbre y al respeto a las reglas del juego.

El pasado 30 de septiembre el Ejecutivo Federal remitió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma a la Constitución para dar marcha atrás a la reforma energética promovida en 2013 por el presidente Peña Nieto. Esta iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico a fin de que el Estado recupere la conducción del sistema eléctrico nacional, a través de la CFE. Así, desaparecen los órganos reguladores (la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos) haciendo a la CFE juez y parte en el mercado energético.

Si bien se dispone que las actuales inversiones privadas “legítimas” podrán participar en la generación de hasta el 46% del consumo eléctrico nacional, esta participación se incorporará mediante un mecanismo de adquisición establecido por la propia CFE, sujetándose a los requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

En ese sentido, la iniciativa plantea que para su instrumentación requerirá la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada. De igual forma, la iniciativa propone que únicamente el Estado mexicano pueda realizar la extracción y explotación de litio, así como de “otros minerales estratégicos”.

Aunado al impacto social y medioambiental de priorizar el despacho de energía eléctrica producida en gran medida con combustóleo, la afectación al clima de negocios, a la inversión y al Estado de Derecho será de dimensiones incalculables.

No solo eso, se afectaría la competitividad de toda la industria en México, pues la energía producida por la CFE y que será priorizada bajo argumentos de confiabilidad, puede resultar hasta 252% más cara, de acuerdo con el IMCO.

En el caso del T-MEC, pero también de otros tratados de última generación como el TIPAT o el TLCUEM, esta reforma representa violaciones flagrantes a la cláusula de trato nacional y los capítulos relacionados con inversión.

Limitar la exploración del litio y demás minerales estratégicos representa también una violación a los tratados mencionados, pues en ellos no se reserva el desarrollo de esta actividad a los Estados, como sí se hace, por ejemplo, en el caso de la energía nuclear.

De tal modo, en el marco del T-MEC podrían detonarse controversias Estado-Estado, a través de las cuales un panel podría determinar si existe daño alguno, y en su caso el Estado demandante podría tomar represalias.

Asimismo, se podría detonar un mecanismo Inversionista-Estado, en el que un panel establecería si existe un daño, y en su caso, el Estado tendría que realizar el pago de indemnizaciones (laudos), que, por la naturaleza de las inversiones en esta industria, se estima de sumas multimillonarias.

De tal forma, atentar contra el espíritu del T-MEC resulta un autosabotaje a la supuesta gran apuesta de este gobierno por la recuperación de la economía nacional.

*Daniel Rosado Méndez es internacionalista. Twitter: @Daniel_Rosado.

**Fernando Mayer De Leeuw es internacionalista.

Twitter: @fermayer18