Tecnologías disruptivas. Inteligencia artificial generativa: Chat GPT

La inteligencia artificial ha generado muchas expectativas sobre su impacto económico, científico y social, razón por la cual se ha hecho presente en la agenda de los gobiernos y ha ocupado un espacio importante en el debate a nivel internacional entre las autoridades de protección de datos personales y privacidad.

Existen diversas herramientas que utilizan inteligencia artificial que están cada vez más presentes en nuestra vida. Aunado a ello, los desarrollos de la inteligencia artificial generativa abarcan distintos ámbitos de aplicación, razón por la cual es recomendable que todas estas innovaciones vayan de la mano entre desarrolladores y los responsables del tratamiento de datos personales, garantizando la privacidad de los usuarios.

A raíz de la aparición y auge del uso de la herramienta ChatGPT, chatbot de Inteligencia Artificial que es tan fácil de usar como cualquier motor de búsqueda de información y brinda respuestas directas a preguntas formuladas por usuarios, hemos identificado que la región América Latina aportó ha aportado al año un total de 303 millones de visitas a ChatGPT. De acuerdo con Bloomberg, 10% de las visitas son de origen Latinoamericano. (Brasil 2.2%, Colombia 1.9%, México 1.7%, Chile 0.72%, Argentina 0.71%, Perú 0.71%, Ecuador 0.7%, República Dominicana 0.4%).

Por lo anterior, y observando la ausencia de una base legal adecuada en relación con la recopilación de datos personales y su tratamiento con el fin de entrenar los algoritmos que subyacen al funcionamiento de ChatGPT que provengan de fuentes confiables, las autoridades que integran la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), de la cual forma parte el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), consideran que este servicio desarrollado por la empresa Open AI, L.L.C., puede conllevar riesgos para los derechos y libertades de los usuarios en relación con el tratamiento de sus datos personales, los que abarcan aspectos tales como, los fundamentos legales para dichos tratamientos, la información que sobre los tratamientos se brinda al usuario, el ejercicio de los derechos reconocidos en las normativas de protección de datos, las posibles transferencias de datos personales a terceros sin contar con el consentimiento de los titulares, el no contar con medidas de control de edad para impedir que menores accedan a su tecnología así como no saber si cuenta con adecuadas medidas de seguridad para la protección y confidencialidad de los datos personales recabados.

Me gustaría resaltar que, con el objetivo de ampliar y fortalecer el régimen de protección de las personas físicas respecto al tratamiento de sus datos personales en la región iberoamericana, es imperioso establecer un acompañamiento entre los reguladores y los desarrolladores tecnológicos que sea razonable y compatible con los derechos y libertades.

Esta acción coordinada es el primer ejercicio impulsado por las autoridades de protección de datos personales de la región iberoamericana que busca, mediante la cooperación internacional, impulsar el intercambio de buenas prácticas a través de las redes internacionales en las que participamos para que, de manera orientada, se analicen los casos y se estudien las determinaciones a fin de evitar incurrir en restricciones o limitaciones injustificadas o desproporcionadas debido al acelerado uso de las tecnologías de la información que facilitan y permiten una comunicación masiva de datos personales de manera inmediata y casi ilimitada.

El trabajo desplegado por las autoridades que integran la RIPD constituye una experiencia concreta de cooperación de gran utilidad, para garantizar la forma más eficaz en el ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos, pues fortalece las jurisdicciones nacionales en beneficio de los ciudadanos.