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Tesla, salvavidas de la economía a pesar de AMLO
Guardia Nacional, miles de millones para nada
Fue un trabajo de al menos 14 meses y una lucha contra varios países interesados, lograr que Tesla y su dueño decidieran instalar su planta automotriz, la más grande del mundo, en México y particularmente en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, me dijo Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, dependencia que jugó un papel preponderante en lo que podría ser la mayor inversión privada extranjera directa para México en las últimas décadas. En su primera fase, la inyección económica del multimillonario Elon Musk y su automotriz Tesla será de entre 4.5 y 6 mil millones de dólares para producir en su primer año un millón de vehículos eléctricos de baja gama para el mercado mexicano, de Latinoamérica y Europa. En esa primera fase la generación de empleos de Tesla ronda las 5 y 6 mil plazas, casi la mitad de sus ingenieros serán mexicanos y las necesidades de su planta en Nuevo León beneficiarán a entre 127 y 130 empresas más, propiciarán la apertura de otras fábricas, por ejemplo de baterías en Hidalgo, Estado de México o Puebla, las cuales podrán además suministrar sus productos a armadoras ya instaladas en entidades en el centro del país. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la Cancillería agregó que Tesla solamente utiliza agua tratada en su operación, para lo cual tiene previsto todo un sistema de tratamiento del líquido así como su reinyección a los mantos freáticos de la zona. La planta de Tesla en Shanghái, China, tomó 9 meses para su instalación, en México se prevé que inicie su producción dentro de un año con un vehículo eléctrico compacto que tendrá un precio al público equivalente a 25 mil dólares. El esfuerzo de la Cancillería en este caso, permite a México consolidarse como el cuarto productor de vehículos en el mundo y marca nuestro inicio en el camino a la electromovilidad.
La tecnología nos alcanza inexorablemente. Weetrust, de Luis Cárdenas Ibarra, fue la primera startup en América Latina en llevar a cabo el primer proceso de compraventa de un inmueble de manera 100% digital. La plataforma notarial logró digitalizar todo el proceso legal junto con Impulsa, desarrolladora inmobiliaria liderada por Manuel Clouthier Pérez. Este avance representa un parteaguas en la era tecnológica, principalmente en Latam, porque demuestra que los esfuerzos de la región por posicionarse como un referente de los avances digitales, han rendido frutos. Así, tal como lo dispone el artículo 1834 bis del Código Civil, la NOM 151 y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, el proceso se realizó en presencia de un notario público quien avaló que desde la creación del contrato, la firma electrónica y notarización, se hizo uso de la identificación biométrica del firmante y el blockchain para salvaguardar la integridad del mensaje de datos. Buena noticia, la modernidad llegó a México.
Respecto a la amenaza de muerte que en redes sociales y desde el anonimato cobarde se hizo contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, el presidente volvió a hacer un López Obrador y como en el caso del atentado criminal contra el periodista Ciro Gómez Leyva, dijo que “en una de esas pudieron ser ellos mismos, los conservadores” opositores a su gobierno. Sin embargo, en contra de la eterna teoría del compló en su contra y su postura de víctima, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, publicó una carta abierta en la que “exhorta al Presidente de la República y a los integrantes del Congreso de la Unión a conducirse con respeto en sus expresiones públicas respecto al Poder Judicial de la Federación y sus integrantes. Denostar, ofender, calumniar o hacer aseveraciones sin argumentos ni pruebas, respecto al trabajo de las personas impartidores de justicia solamente debilita a nuestra democracia y a nuestro sistema jurídico”. La BMA remata el documento señalando que “Dividir a la sociedad mexicana basado en prejuicios no es propio de demócratas, ni de los líderes que requiere nuestro país” y al igual que ellos, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, condenó la amenaza de muerte contra la ministra Piña Hernández. Queda claro que los agravios y ataques, utilizando impunemente todos los recursos del Estado desde el púlpito de la mañanera, empiezan a encontrar respuestas firmes e institucionales de sectores que no van a permitir ser blanco de esos ataques.
Los hechos de rapiña ocurridos el pasado martes 28 de febrero en la autopista México-Cuernavaca, donde vecinos del municipio de Huitzilac robaron con total impunidad en cuestión de minutos 12 toneladas de fruta y verdura de un trailer accidentado que tenía como destino el puerto de Acapulco, y la rapiña del 3 de marzo en la autopista Toluca-Atlacomulco, en que hasta niños participaron en el hurto de toneladas de neumáticos para trailer, nos mueven a pensar dos cosas. Uno, la falta de empatía y solidaridad de la gente local para con los choferes en desgracia a quienes pueden dejar heridos en la cabina sin importar su condición, la voracidad para llevarse lo que sea que implique algo de valor económico y la desvergüenza de robar a la vista de todos, incluidas cámaras de los medios de comunicación. Y dos, lo más preocupante, la inutilidad e inacción de los elementos de la Guardia Nacional, que como siempre llegan tarde a los hechos para sólo mirar indiferentes la desgracia del dueño o el portador de las mercancías que les son robadas, sin que los agentes se dignen a mover un dedo. Como que ya es hora de exigir a los elementos de la Guardia Nacional que sirvan de algo, más allá de extorsionar a transportistas y perder el tiempo mirando sus celulares en horas de trabajo. Para el presente 2023, su presupuesto aumentó 10.3% con un ajuste superior a los 4 mil 700 millones de pesos, autorizado por la Cámara de Diputados, para llegar a 67 mil 826.7 millones, 14. 5 veces más que cuando fue creada en 2020. No se trata de reprimir, golpear o agredir a los raterillos ocasionales, se trata de impedir el saqueo impune contra choferes y empresas dedicadas honestamente a la custodia y traslado de mercancías por todo el país. Es decir, se trata de pedir a la Guardia Nacional que haga su trabajo, nada más.