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Opinión

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Transparencia selectiva

Díaz Ordaz y Ernesto P. Uruchurtu saludan al diputado Everardo Gamiz, líder del Sindicato de Trabajadores del entonces Departamento del Distrito Federal, en 1965. Foto: Fototeca Nacional del INAH

Díaz Ordaz y Ernesto P. Uruchurtu saludan al diputado Everardo Gamiz, líder del Sindicato de Trabajadores del entonces Departamento del Distrito Federal, en 1965. Foto: Fototeca Nacional del INAH

No es que vivamos en Jauja de la transparencia, en la sociedad donde todo acto de gobierno es documentado y hecho público de inmediato, incluso sin necesidad de solicitudes ciudadanas, pero hay que admitir que tampoco vivimos el oscurantismo priista más ortodoxo y autoritario de todas las etapas priistas oscuras y autoritarias vividas en el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Estamos mejor que antes en materia de transparencia, es cierto, y podemos estar mejor. En términos formales, podemos decir que abandonamos la era más apegada a los arcana imperii y su derivación mexicana en un Estado autoritario para conducirnos a un periodo de construcción y defensa de un régimen de transparencia bajo ataque permanente. Aunque una cosa permanece: la transparencia selectiva, en la que el empleado público filtra información sólo a periodistas y medios de su confianza, en una situación más parecida a la vendetta política que a un sano control de la información pública. 

Valga una anécdota ejemplar de esta transparencia selectiva. Ernesto P. Uruchurtu fue regente de la Ciudad de México entre 1952 y 1966, 14 años en los que fue confirmado tres veces en el cargo por tres presidentes distintos: Adolfo Ruiz Cortines (1951-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), un hito irrepetible en estas épocas de aceleración neoliberal. Gobernó con la mano dura propia de un Estado autoritario (“Las calles pertenecen al gobierno y el gobierno permite que la gente las use de la manera como lo considere apropiado”, llegó a decir para prohibir la protesta social). Pero la gracia también tiene fecha de caducidad y para Uruchurtu llegó con la molestia que provocó en Díaz Ordaz el tráfico vial que causaron las obras de ampliación de calles y avenidas que con tanto ahínco emprendió el llamado El Regente de Hierro o El Bárbaro del Norte. Díaz Ordaz debía participar en la inauguración del Estadio Azteca, con un juego entre el América contra el Torino el 29 de mayo de 1996, pero llegó 90 minutos tarde a la cita y fue recibido con rechiflas y mentadas de madre. En lugar de utilizar su helicóptero para volar desde Palacio Nacional al nuevo templo del futbol, el presidente aceptó la recomendación de Uruchurtu y utilizó un vehículo oficial para estrenar la reciente ampliación de la Calzada de Tlalpan; fue la misma ruta que eligieron miles de capitalinos ese día y el atorón dio la nota del día. Díaz Ordaz, molesto por su retraso, pero más por los recordatorios familiares, reprendió al regente y, meses más tarde, ejecutó la venganza: un expediente filtrado a la prensa documentaba las barbaridades financieras de Uruchurtu, con las que presuntamente había amasado una fortuna a costa de las arcas públicas, y con el pretexto de un desalojo violento emprendido por su gobierno de más de 3,000 colonos del Pedregal de Santa Úrsula y el Ajusco fue echado del cargo. Así concluyeron 14 años de regencia; así fue colocado Uruchurtu en el aparador de los caídos en desgracia de la política priista.

“Hoy día, los mayores secretos políticos están relacionados con los numerosos pactos y protecciones (explícitos o implícitos, legales o consuetudinarios) del poder político y los poderes económicos”, escribió el filósofo mexicano Jesús Rodríguez Zepeda, como si se refiriera al caso del regente Uruchurtu. “En los autoritarismos, los medios no pueden ser informadores de la ciudadanía dado que una de las características esenciales de estos regímenes, de acuerdo a la clasificación hecha por el politólogo Juan Linz, es la desmovilización política de los individuos, la cual está vinculada a la falta de fuentes de información independientes y de información confiable”, lo secunda Manuel Alejandro Guerrero. Con un régimen de transparencia, asegura Guerrero, se produce un ambiente donde no hay “más documentos suministrados conveniente o exclusivamente al periodista del agrado, sino al ciudadano, a la persona que la exija porque ese es su derecho”.

Las noticias de cada día dan vigencia al aserto de Rodríguez Zepeda y confirman como deseo insatisfecho el de Guerrero, en un Estado autoritario que se resiste a morir y aún utiliza la transparencia selectiva como herramienta de control político.

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Periodista. Escribe Economicón, la newsletter sobre privacidad y sociedad de la información de México. Desde 2010 es editor en El Economista. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales. Su canal de entrevistas en YouTube se llama Economicón.

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