Traslaciones marinas y mercantes

La Marina Armada de México es la institución más confiable y con menos sospechas de corrupción, según evidencian los sondeos de opinión disponibles para los tomadores de decisiones de la Cuarta Transformación.

En el sexenio pasado, los mandos civiles resistieron el traspaso de las API a la Semar. Si los marinos apenas dominaban los conocimientos básicos de sus tareas –decían en la Coordinación de Puertos–, serían ineficaces en las tareas administrativas y aduanales, o en el manejo comercial de las zonas portuarias.

Otras voces, con los mismos argumentos, se escuchaban desde hace un año, cuando dentro del gabinete lopezobradorista se planteó por primera vez un plan para incorporar mandos militares en la administración de las aduanas de México.

La corrupción en los funcionarios de SCT y el SAT era el precursor de la injerencia del crimen organizado en los puertos, a través del tráfico de armas, drogas, precursores químicos, numerario y mercancías en general. Para inhibir ambos fenómenos –era la propuesta– sería factible desplegar personal militar en las principales aduanas y puertos fronterizos.

“Antes de incorporar a los almirantes a las aduanas, tendrían que regresarlos a la escuela”, referían antes y ahora. “Muchos ni idea tienen de lo que es un pedimento aduanal, un bill of landing o los certificados requeridos por la autoridad –con vigencia global– para la operación de los buques”.

Si es necesario, lo harán, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace una semana, cuestionado sobre el tema. Por su honestidad, más que por su expertise en comercio internacional, llegarían a las aduanas. En la opción vislumbrada hace un año estaban considerados jefes y oficiales en situación de retiro, con estudios afines a esas ramas, para ocupar la titularidad de administraciones generales, subadministraciones, jefes de planta de resguardo aduanal y verificadores. “Debido al efectivo importante (176 jefes y oficiales) y a las necesidades actuales de personal, no se considera conveniente que sea asignado personal en activo del Ejército y Fuerza Aérea, aunado al desgaste que esto puede originar ante la opinión pública por la militarización de otras áreas de la administración pública federal”, subrayaba una presentación hecha por el alto mando castrense ante los entonces tomadores de decisión de Hacienda y el SAT.

Comunicaciones y Transportes también estaba contemplada en la limpia, que será total: hasta la formación de los pilotos y los maquinistas quedaría en la jurisdicción de Semar, si el Fideicomiso de las Escuelas Náuticas Mercantes quedara extinguido.

Confirmada la salida de Javier Jiménez Espriú de SCT –Jorge Arganis llega en su lugar– se han disipado las resistencias a la incorporación de los militares a las aduanas y los puertos mercantes, estos últimos coordinados por Héctor López. Todo indica que Lázaro Cárdenas, Altamira, Veracruz y Manzanillo, serían los puntos donde inicialmente se aplicará el nuevo modelo.

“Se aduce como principal razón para esta decisión, la seguridad nacional. En congruencia se debería de transferir el control de todos los aeropuertos y líneas aéreas, como Aeroméxico, Volaris, Interjet, etc. a la Fuerza Aérea Mexicana, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia?”, opinó Juan Carlos Merodio, exdirector general de TMM y actual miembro del Comité Marítimo Internacional de la ONU.

La decisión, consideró por su parte el senador panista Julen Rementería del Puerto, implica un acto inconstitucional y una falta de respeto nuevamente al Ejército y a la Marina. “Los ponen a realizar labores que no les corresponden, teniéndolos bajo la lupa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, provocándoles un nuevo desgaste ante la opinión pública por su participación en otras áreas de la Administración Pública Federal”, concluyó.

El combate a la corrupción… ¿y la pandemia del Covid-19? A través de esas agencias han pasado toneladas de materiales de protección para el personal médico, equipos especiales, medicamentos y productos de desinfección, así como alimentos y bienes de primera necesidad. Esa nueva dinámica explica la anterior renuncia al gabinete, del senador Ricardo Ahued.

En estos temas, los agentes aduanales han guardado prudente silencio y sana cercanía con el administrador general de las Aduanas, Horacio Duarte Olivares.

Efectos secundarios

DESLINDES. El exmandatario uruguayo, José Mújica, vio pasar, a lo largo de una década, a más de una treintena de presidentes iberoamericanos y funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos Hillary Clinton, Mariano Rajoy, Sebastián Piñera y por supuesto, Enrique Peña Nieto, a quien recibió en el 2013. “Cuando asume y pasa por el barrio, le doy un asado que casi lo mato de tanto que comió en la pecera de Suárez, y quedamos como chanchos. Yo tratando de tapar un agujero que había hecho, alguna declaración y nos habían cortado la exportación de carne y todo lo demás. ¿De la afinidad ideológica con (Peña) Nieto? No me jodas”.

MÉRITOS. El exdiputado priista Héctor Gutiérrez de la Garza atinó al describir que Norma Irene de la Cruz, una de las cuatro nuevas integrantes del Consejo General del INE, resurgió como el Ave Fénix. Y es que el Comité Técnico Evaluador no la incluyó en la lista de aspirantes que serían sujetos a la revisión documental. Una decena de inscritos –ella entre los más destacados– requirió la revisión del examen y logró el puntaje mínimo. “Espero que justifique con hechos su inclusión ya que dejó fuera cuatro grandes mexicanas”, advirtió el dirigente partidista.