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Un millón de casas, otra ocurrencia de la 4T
De los creadores de “devastemos la selva para imponer un tren” y “el aeropuerto del capricho lejos de todos lados”, llega ahora “un millón de casas por decreto”.
De hecho, más que por decreto, por cambio constitucional y transexenal cortesía del Presidente que ya se va.
Entre las iniciativas de reforma que planteó Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero hay una que busca modificar el Artículo 123 de la Constitución para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pase de ser financiera a constructora de casas.
No hay estudios previos de la viabilidad, ni siquiera hay claridad de los lugares donde poder desarrollar un esquema en el que el Infonavit construya vivienda para “renta social” con opción a compra. Para ello, dice el director de este instituto, Carlos Martínez, se destinarían 250,000 millones de pesos adicionales al presupuesto del Instituto durante el siguiente sexenio.
Y, algo más, Martínez Velázquez hace cuentas y dice que, si se aprueba el cambio constitucional, en septiembre, para febrero del próximo año ya estarán construyendo.
Todo esto tiene el modito de la 4T: a una iluminación presidencial se suman en automático todos los subalternos, incluidos legisladores, y se da paso a los trámites que hagan falta para que suceda, independientemente de que existan o no estudios de viabilidad social, técnica o financiera de por medio.
Más allá de la aplanadora legislativa en formación, este ambicioso plan requiere mucho más que la orden de López Obrador para que éste sea el principal proyecto de infraestructura del próximo sexenio.
Por la manera cómo habla el actual director del Infonavit, a 84 días de tener que dejar el cargo, parecería que se queda en su puesto. Pero hay cuestiones más de fondo para pensar muy bien este proyecto que, efectivamente, tiene una necesidad social de fondo. ¿En dónde, quién y con qué recursos?
Dónde construir un millón de viviendas que resulten viables en todos los sentidos. El costo de la tierra en las ciudades y la falta de disponibilidad de espacios plantea el mismo problema que tuvo Vicente Fox con su fracasado proyecto inmobiliario.
Salvo que, al estilo Hugo Chávez, el régimen se pare frente a un predio y grite “exprópiese” será difícil que sean ubicaciones céntricas.
El mejor modelo para desarrollar centros urbanos es que los recursos públicos se destinen a la creación de infraestructura, bien planeada y ordenada, y que las viviendas sean construidas después.
Con qué recursos se podrían construir ese millón de casas, de dónde sale esa locura de 250,000 millones de pesos cuando otra de las herencias de López Obrador será una sequía de recursos presupuestales para corregir sus excesos financieros.
Si se planean los centros urbanos, con el concurso de los gobiernos estatales, municipales y la iniciativa privada, si se conciben como centros de desarrollo integral, comercial, industrial y urbano, lo mejor es la participación subsidiada de los particulares para el desarrollo residencial. Pero esto es como presentar una corona de ajos al vampiro cuatroteísta.
Y, no menos importante, ¿quién construiría esas viviendas? Porque los recursos serán públicos, pero los contratistas serán privados. Ya conocimos a los nuevos ricos empresarios del régimen y sus amistades en el poder.
Hay cuestiones más de fondo para pensar muy bien este proyecto que, efectivamente, tiene una necesidad social de fondo. ¿En dónde, quién y con qué recursos?
