Una ley injusta se debe derogar o reformar

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la validez del memorándum que le envió el martes pasado a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda, en donde les ordena dejar “sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa” aprobadas en el 2013 y el 2014.

Al día siguiente, en su conferencia de prensa, cuando un reportero le preguntó si “¿habrá descuentos a los maestros faltistas como lo dice la ley?”, contestó: “No habrá descuentos... Los maestros quedaron muy dañados. La ley es para las mujeres y los hombres, no las mujeres y los hombres para la ley. La justicia está por encima de todo. Si hay que optar entre la justicia y la ley, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”.

Al decir lo que dijo, actuó como el líder social que siempre ha sido y no como el presidente, que al asumir su cargo protestó “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”.

Nos dijo que sólo pretende guardar y hacer guardar las leyes que según él son justas; lo mismo hará con los artículos de la Constitución que no sean de su agrado.

La posición adoptada por él es muy peligrosa porque, lo quiera o no, está autorizando a cualquier persona o grupo a desobedecer cualquier ley que considere injusta.

Si para él es injusto descontarle los días no trabajados al sueldo de los maestros faltistas, ¿por qué es justo descontarle los días que por una razón u otra no laboró cualquier otro trabajador del país?

Y si para el presidente es injusto que un maestro sea evaluado y retirado del aula si demuestra no tener los conocimientos o las cualidades para impartir clases, también puede considerarse injusto que muchos profesionales estén obligados a ser evaluados con cierta periodicidad para poder seguir ejerciendo.

Los médicos especialistas deben demostrar cada cinco años que sus conocimientos están actualizados. Si no aprueban la evaluación no pueden seguir ejerciendo su especialidad y sólo pueden presentarse y ejercer como médicos generales.

Los pilotos aviadores deben renovar sus licencias cada tres años después de demostrar que sus conocimientos están al día y mantienen las aptitudes psicofísicas necesarias para desempeñar eficazmente sus tareas. Si no aprueban los exámenes correspondientes, se quedan en tierra.

Tal vez los médicos especialistas y los pilotos dejarán de ser evaluados si después de marchas, bloqueos de calles y carreteras y plantones logran convencer a AMLO que son injustas las leyes que los obligan a ello. Si eso ocurre, seguramente aumentarán los accidentes aéreos y las tasas de mortalidad en los hospitales.

¿Y puede haber algo más injusto que el hecho de que millones de mexicanos paguemos impuestos, contribuciones y derechos que no se utilizan para garantizarnos seguridad y proporcionarnos servicios de calidad? ¿O que paguemos intereses sobre los intereses de nuestras deudas, práctica conocida como anatocismo que está prohibida en la mayoría de los países?

El camino que decidió emprender el presidente es incorrecto y, para muchos, ilegal. Si considera que una ley es injusta, debe derogarla o reformarla usando la mayoría con que cuenta en el Congreso y no obligando a sus subordinados a desobedecerla.

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