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Una mediación fallida
Han transcurrido 53 semanas de conciliación infructuosa. Irreductibles, las posiciones entre la directiva y el sindicato de trabajadores del Nacional Monte de Piedad, por la vigencia del contrato colectivo, y en medio, la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que ha podido evitar la huelga, pero que acumula fracaso tras fracaso en la mediación entre las partes.
En el periodo han vencido tres plazos autoimpuestos para alcanzar un acuerdo: el primero expiraba el 15 de marzo del 2023 y tras de su caducidad, se abrió un periodo de tres meses para analizar las propuestas de los representantes técnicos, que coincidió con la salida de Luisa María Alcalde de la STPS, quien fue sustituida por Marath Baruch Bolaños López. La “acción moderadora y conciliadora” de los representantes de la STPS se materializó, el 9 de agosto, con la presentación de una nueva agenda para la mesa de diálogo, que arrancaría con una reunión entre el nuevo secretario y los representantes de las partes, que se celebró dos semanas después.
Antes del 21 de septiembre —se comprometieron— alcanzarían un acuerdo final, pero cuando las negociaciones se estancaron hubo una nueva ampliación del plazo que produjo resultados sobre la jornada y los horarios de trabajo, tiempos extras y jubilaciones. El 3 de noviembre, otra vez pactaron buscar una “solución integral” y cedieron la potestad de elaborar la propuesta al director de concertación social de la STPS, Carlos Alberto Brito Ocampo.
A finales del 2022, la directiva de la IAP, a cargo de Javier de la Calle, había tramitado un proceso del conflicto colectivo de naturaleza económica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con lo que intentaba renegociar el contrato colectivo de trabajo. El vigente —sostenían— "está llevando a una situación de insostenibilidad financiera y operativa que podría resultar en la quiebra".
Los mediadores federales buscaron a las partes y propiciaron la instalación de la mesa de diálogo. Allí, justo hace dos meses, la directiva entregó una propuesta: concedería un incremento de 18% al tabulador de sueldos de los trabajadores de base, retroactivo al 19 de octubre del 2023, y hasta el 19 de octubre del 2024. A cambio, el sindicato debía reducir 18% la plantilla de 2,302 plazas activas y la “jubilación potenciada” para 352 trabajadores, con antigüedades entre 10 y 20 años.
El sindicato ya había rechazado los planes de recortes de plazas y la STPS no respaldó la propuesta de la institución. El 13 de diciembre del 2023. Las partes debían acudir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para ratificar el convenio, con lo que quedaría proscrito el estallamiento a huelga, radicado ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con sede en la Ciudad de México, bajo el expediente 878/2023.
Pactar de forma bipartita una solución al conflicto resulta cada vez más difícil: la dirigencia sindical denunció una campaña mediática en su contra, mientras que la jueza encargada del caso prepara una resolución para antes del 15 de marzo... que llegará un año tarde y cuando quizá ya sea demasiado tarde.
Efectos secundarios
IRRUPCIÓN. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM recibió a Carolina Velásquez, del Banco de Pagos Internacionales, y Aurora Cervantes, Vicepresidenta de Normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes participaron en un panel sobre la incursión de los neobancos y las acciones necesarias para ampliar la inclusión financiera en México. Otras naciones ya avanzan en esa ruta.
