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Opinión

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Velocidad, no capacidad

Finalmente, tras un proceso cínicamente ilegal, la reforma judicial se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Muchos están explorando las vías que se podrían intentar para impugnarla, pero por ahora la reforma ya entró en vigor.

Los líderes de Morena están todavía celebrando la ilegítima victoria, y embriagándose con la venganza mientras se burlan de la oposición, pero concentrados en estos objetivos -prioritarios en toda democracia-, procesaron y aprobaron el dictamen en escasas horas, descuidando aspectos como las dificultades que traerá su implementación práctica. Es bien sabido que Morena nunca ha priorizado la capacidad y la profesionalización, pero en este caso, su propia política le podría jugar en contra.

El primer problema visible en el decreto, es que el proceso de elección de jueces se redactó sin cuidar su diseño, ni siquiera para los intereses de Morena. De acuerdo con el artículo Segundo transitorio del decreto, la primera elección de jueces se llevará a cabo en junio de 2025 e incluirá a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de tribunales colegiados, entre otros. Según el Consejo de la Judicatura Federal, en 2023 existían 430 juzgados de distrito y 258 tribunales colegiados de circuito en funciones, por lo que en junio tendrían que elegirse por lo menos 602 jueces y magistrados. El artículo 96 reformado establece que para cada uno de estos jueces se propondrán hasta 2 personas por cada poder de la Unión, lo que significa que habría 6 candidatos por cada cargo. Por lo tanto, habría por lo menos 3,612 candidatos para la elección de junio de 2025.

La reforma se diseñó de tal manera que en la práctica, solamente Morena tendrá la capacidad de proponer a los candidatos en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, así que el partido tendrá que proponer a la mayoría de los aspirantes. No obstante, la reforma establece que los aspirantes no pueden ser propuestos por los partidos políticos por lo que, formalmente, Morena no podrá aparecer en las campañas ni en las boletas para distinguir a su candidato preferido. Así, se tendrá que diseñar una campaña para cada candidato, sin que los chalecos guinda puedan utilizarse como comodín, como en las elecciones anteriores.

Por si fuera poco, esta complejidad se multiplicará cuando las boletas se impriman con los requisitos previstos en la reforma. Según el artículo Segundo transitorio del decreto, las boletas llevarán los nombres completos numerados de los candidatos, distribuidos por orden alfabético y progresivo, iniciando por el apellido paterno.

Con todos estos elementos, es previsible que la mala planeación de la elección confunda al electorado, a tal grado que impida cualquier imposición, ya sea por abstenciones, votos nulos, o la simple confusión para elegir al candidato predilecto del régimen. Lo anterior incluso podría derivar en una “canibalización” entre los propios candidatos y grupos dentro de Morena.

Asimismo, en su afán de vengarse de los jueces en funciones, Morena ciertamente ha delineado los cargos para los nuevos jueces con una elevadísima carga de trabajo y responsabilidades que, combinadas con los riesgos legales y de seguridad que enfrentarán, y los bajos ingresos que recibirán, resultan muy poco atractivos para los aspirantes, incluso para quienes se sientan protegidos por el partido oficialista.

Quizá como una forma de simulación, o incluso de humillación, Morena incorporó en la reforma la posibilidad de que los jueces actuales se postulen para los nuevos cargos. No obstante, cualquier juez o aspirante tendría que preguntarse si el cargo realmente vale los riesgos. Ante este escenario, quizá Morena se haya puesto su propia trampa, por la sospechosa prisa para aprobar la reforma.

dnunez@soriaabogados.com

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