Violaciones de procedimiento ponen en riesgo validez del plan B

Los operadores políticos del presidente López Obrador en el Congreso tendrían que darle muchas explicaciones a su jefe. Procesaron con tal desaseo e impericia el plan B de la reforma electoral, que los decretos legislativos enviados a Palacio Nacional para su promulgación quedaron plagados de fallas. Como un edificio mal construido, puede caerse en partes o venirse abajo por completo al ser sometido al control de constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El paquete legislativo, inspirado en el deseo de venganza contra el INE, tiene un defecto estructural. Los operadores políticos de López Obrador parecían más interesados en hacer alarde del poder y complacer al presidente López Obrador, que en blindar jurídicamente su iniciativa. Al grito de “el INE sí se toca”, impusieron su mayoría sin importarles las normas del derecho parlamentario, ancladas en la Constitución. Las violaciones al procedimiento legislativo cometidas podrían causar que la Suprema Corte declare la invalidez del plan B en su totalidad.

Las irregularidades empezaron desde momento que la iniciativa presidencial llegó a la Cámara de Diputados. Los operadores políticos del oficialismo buscaron deslumbrar al inquilino de Palacio Nacional con una aprobación relámpago. Se empeñaron en que pasara por la Cámara de Diputados el mismo día que se presentó. Torcieron el procedimiento legislativo para conseguir la dispensa del trámite parlamentario y mandar la iniciativa a votación en el pleno, sin necesidad de remitirla a comisiones para su estudio y dictaminación.

Como el Reglamento de la Cámara de Diputados lo impedía, le dieron la vuelta presentando de nuevo la misma iniciativa presidencial con algunas modificaciones a nombre de los diputados de Morena, PT y Partido Verde. Aquí cometieron el primer error. La versión publicada en la Gaceta Parlamentaria difería de la que se llevó al pleno para su discusión y aprobación con dispensa de trámite. Incumplieron así con la declaratoria de publicidad –la obligación de difundir en la Gaceta la documentación soporte de los asuntos que se discutirán y votarán en el pleno.

El riesgo jurídico mayor lo asumieron al imponer la dispensa del trámite parlamentario. En votación económica declararon la iniciativa de “urgente u obvia resolución” para discutirla y votarla en el acto. No quedaba claro si el Reglamento lo permitía para iniciativas de ley o sólo para puntos de acuerdo.

De lo que sí había certeza era del alcance de la jurisprudencia de la Suprema Corte, emitida desde 2008. No basta con la aprobación de la dispensa del trámite por una mayoría para que proceda. La Suprema Corte has dejado claro que tiene que estar debidamente fundada y motivada.

Para ello, debe quedar acreditado que se reúnen ciertas condiciones necesarias, como la existencia de hechos que generan una situación de urgencia, la relación medio-fin que justifique el apremio y la necesidad evidente de omitir ciertos trámites, sin afectar valores o principios democráticos. Nada de esto ocurrió el pasado 6 de diciembre. La única urgencia parecía ser la prisa de la mayoría oficialista en complacer al presidente de la República.

En el Senado no hubo dispensa de trámites, pero se cometieron otras irregularidades. Ante la falta de quorum en comisiones unidas, convocada para aprobar el dictamen del plan B, la respuesta fue improvisar una sesión urgente de una sola de ellas. En siete minutos se aprobó el dictamen, sin presencia de los senadores de oposición.

La cereza en el pastel de violaciones al procedimiento legislativo la pusieron los operadores políticos del oficialismo al retirar de último momento la llamada “cláusula de vida eterna”. La transferencia de votos entre partidos con candidatura común se incorporó al plan B en la Cámara de Diputados, al aprobarse por primera vez.  En el Senado, intentaron quitarla, pero ante la insistencia del PT y Partido Verde, se mantuvo.

La Constitución prohíbe que, cuando una iniciativa regresa a la cámara de origen para analizar las modificaciones realizadas por la cámara revisora —como ocurrió con el plan B—,  se toquen los artículos ya aprobados por las dos. Sin embargo, ante el escándalo mediático, el presidente López Obrador se declaró en contra de la cláusula de vida eterna.

Los operadores del presidente entraron en pánico. Obligaron a PT y Partido Verde a ceder. Pero al remover la cláusula de vida eterna y regresar el plan B al Senado, incurrieron en una violación directa a la Constitución que lo pone al borde de la invalidez.

*Profesor del CIDE

Twitter: @BenitoNacif